Escalada asesina

La organización terrorista ETA ha decidido ampliar la intensidad y el ámbito geográfico de su ofensiva. Trataría de demostrar así que nadie está seguro en ningún sitio, con el propósito de lograr el desistimiento de la sociedad española para imponer luego sus pretensiones políticas a los vascos. Antes de haberse apagado los ecos del coche bomba que hizo estallar en el centro de Madrid, los pistoleros etarras han asesinado a tiros en Málaga, en presencia de su esposa y su hija, al concejal popular José María Martín Carpena y, apenas unas horas después, colocado otro vehículo explosivo en el pueblo soriano de Ágreda, esta vez junto a un cuartel de la Guardia Civil y con el afortunado resultado de un herido leve.La escalada del desafío de la banda fascista, que en seis meses ha matado a seis personas y puesto en circulación 2.000 kilos de explosivos, muestra claramente que su tregua, tan aireada por los partidos nacionalistas vascos como un hito irreversible que conduciría a la pacificación, sirvió a ETA básicamente para reorganizar sus comandos y pertrecharse a gran escala. Desde diciembre, y de manera especial en la cadena de atrocidades de los últimos días, los terroristas han ampliado el punto de mira de sus armas con nuevos y antiguos enemigos: un teniente coronel, el portavoz del PSOE en el Parlamento vasco, un antifranquista y escritor de periódicos, dos atentados en Getxo y Ordizia dentro de la campaña de intimidación y chantaje contra los empresarios vascos, el ataque contra el domicilio del vicepresidente de UPN, nueva vuelta de tuerca sobre el partido del Gobierno al asesinar a uno de sus concejales en Málaga y los coches bomba de Madrid y de Soria, tanto da a estas alturas si dirigidos específicamente contra las fuerzas de seguridad o con la intención de provocar una matanza indiscriminada.

La estrategia de tensar al límite la situación decidida por la banda de facinerosos no es ajena a la insostenible situación del Partido Nacionalista Vasco. La progresiva indefinición del PNV, que por un lado sigue explorando la senda del soberanismo y rechaza cortar sus lazos con el brazo político de ETA, mientras que por otro se distancia por etapas de Euskal Herritarrok buscando ganar tiempo para que los acontecimientos decidan por ellos, es vista por los terroristas como el comienzo de un eventual cuarteamiento del proyecto plasmado en el Pacto de Estella, su clave de bóveda. ETA pretende del PNV un compromiso más sólido con el soñado escenario final.

Los pronunciamientos recientes de la patronal vasca Confebask exigiendo el mantenimiento del actual marco jurídico y la defensa abierta del Estatuto de Gernika, o el desusado por lo contundente del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, condenando de forma explícita y radical el terrorismo de ETA y su entorno, añaden presión al PNV y Eusko Alkartasuna, los socios del Gobierno vasco, y ponen contra las cuerdas al lehendakari. Ibarretxe, a estas alturas, sigue obcecado en promover una mesa de diálogo cada vez más imposible en vez de hacer frente a la situación de minoría de su Gobierno. El presidente vasco, que en un reciente sondeo autonómico obtiene la puntuación más baja de los dos últimos años, respondió ayer con un mensaje ritual al acribillamiento del concejal Martín Carpena, que calificó de "injusto y mezquino".

En su reciente asamblea nacional, el PNV ha intentado una vez más hacer equilibrismo entre las retóricas declaraciones contra la violencia y su colaboración con Euskal Herritarrok. Los últimos acontecimientos demuestran una vez más el carácter ilusorio de su pretensión de nadar y guardar la ropa. El obispo Uriarte, que actuó de mediador entre ETA y el Gobierno en la única entrevista mantenida durante el alto el fuego de la organización terrorista, ha dado la respuesta que conviene a la situación: el deber moral de adoptar posiciones inequívocas en defensa de las víctimas ante este ataque frontal contra los fundamentos de la sociedad democrática. El Gobierno de Juan José Ibarretxe debe aplicarse la receta.