La Junta quiere que un servicio de abogados de oficio asista a los presos en Andalucía

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tiene preparado un plan para que la asistencia letrada de oficio llegué hasta los internados en las cárceles andaluzas. Con esta medida impulsada por el director general de Instituciones y Cooperación con la Justicia, Julio Coca, se busca que los internados tengan a mano la debida asistencia profesional a la hora de solicitar permisos, cambios de graduación de sus condena o cualquier reclamación derivada de su condición de privación de libertad.El éxito de esta iniciativa depende ahora de la negociación a tres bandas entre el Ministerio del Interior -quien tiene las competencias en materia penitenciaria-, los colegios de abogados que tengan centros de internamiento en sus ámbitos y la propia Junta.

Esta medida para asegurar las garantías de asistencia letrada hasta las cárceles no es algo novedoso. Este sistema ya funciona en comunidades como Cataluña o Aragón. En la propia Andalucía, el Colegio de Abogados de Málaga ya se ocupa de este servicio desde hace tiempo y, además, lo hace de manera gratuita.

En el esquema diseñado por Justicia se prevé que haya al menos un abogado atento a lo que se le requiera por cada centro penitenciario. No se ha hecho una estimación de costos definitivos, ya que todo depende de las negociaciones y acuerdos a los que se llegue con el Gobierno central, pero el desembolso anual para este servicio podría rondar los 150 millones de pesetas.

Coca también informó de que uno de los próximos objetivos de Justicia es equiparar los honorarios que perciben los abogados de oficio en Andalucía con los de otras comunidades españolas. El director general afirma que la Junta pagó el pasado año 2.008 millones por los turnos de oficio y que en 1996, antes de que Andalucía asumiera la competencia, se abonaron sólo 700.