Política migratoria

El presidente Pujol lo ha dicho claramente en su última comparecencia madrileña, en la por tantas razones meritoria Fundación Encuentro. La migración es una desgracia para el emigrante que se ve forzado a abandonar su tierra en busca de una expectativa, si mejor, siempre incierta, y un problema para la sociedad receptora, a la que, por mucha necesidad que de inmigrantes tenga, se le plantean espinosas cuestiones de acomodación. En consecuencia, una buena política migratoria será aquella que, sin negar el fenómeno e incluso fomentándolo cuando ello sea necesario, lo encauce de manera que facilite la resolución de problemas por parte del receptor, paliando en lo posible los del inmigrante. Sólo procede la cuota de migración indispensable y asimilable. Y el emigrante debe de ser integrado y tratado como el nacional. Por justicia y por egoísmo, nada peor que crear bolsas migratorias desenraizadas y marginadas.Para ello, el primer paso es la nueva ley proyectada por el Gobierno. Sin duda, el proyecto será perfectible, pero muchos de los extremos que han sido criticados en el mismo debieran, a mi entender, merecer el más cálido de los elogios. En primer término, el endurecimiento de las sanciones, que deberá tener su reflejo en el Código Penal, para quienes se encuentran en el origen de la inmigración ilegal. Tanto las organizaciones mafiosas como los empleadores beneficiarios del trabajo barato, cuando no servil, del inmigrante clandestino. De otro lado, las inevitable restricciones de derechos al extranjero irregular. Si es claro que la sanidad debe serles garantizada a todos, los derechos de reunión, asociación, participación pública, sindicación, etcétera, deben ser restringidos a los solos inmigrantes legales, incluyendo, claro está, a los temporeros. ¿Cómo reconocer derechos legales a quienes, por definición, están al margen de la ley?

Cualquier aproximación realista al problema de la inmigración debe cercenar la fórmula actual de reagrupamiento familiar. Si se incluye en él, como se hace ahora, "a cualquier familiar respecto del que se justifique la necesidad de autorizar su residencia en España por razones humanitarias", se abre la puerta a la migración masiva, dado lo que son las relaciones familiares en determinadas sociedades magrebíes y subsaharianas. Por último, es de elogiar que el proyecto garantice, en todo caso, la tutela judicial efectiva, pero pretender su extensión incluso a los inmigrantes que sean rechazados en la frontera, puede, o bien suponer una mera concesión retórica, sin viabilidad práctica, o llevar a crear, desde la frontera, un caos en nuestra ya sobrecargada cuando no colapsada administración de justicia si, por hipótesis, todo inmigrante rechazado pudiera recurrir a una instancia judicial.

Sin embargo, una recta política migratoria no sólo requiere una mejora legal como la que ahora se pretende. Requiere, además, una cooperación policial intensa con las fuerzas de seguridad de los países de origen de las migraciones ilegales y una mayor eficacia administrativa para proceder a la rápida legalización de quienes ya están en España, evitando, además, el fenómeno, hoy harto frecuente, de que expulsiones acordadas sigan sin ejecutarse contra todo derecho, muchos meses después, a la vez que las que se realizan revistan siempre tintes excepcionales y dramáticos. Requiere, también, una mayor cooperación judicial, puesto que la independencia de los jueces, que sólo a ellos compete gestionar, no significa en ningún caso que sean rodamientos ajenos a la maquinaria del Estado, todo movido por una común razón. Si una aplicación mecánica de las normas, cuando no inspirada por prejuicios garantistas, lleva, por ejemplo, a anular decisiones administrativas que rehúsan permisos de residencia a manifiestos delincuentes, el garantismo judicial deja de garantizar la seguridad del común de los ciudadanos. Requiere, por último, una poderosa acción exterior, capaz de atraer los flujos migratorios más fácilmente asimilables, como son los euro-orientales e iberoamericanos.

Una cosa es el derecho de asilo, reconocido formalmente en nuestra Constitución y que responde a motivos enteramente humanos y solidarios y que, como tal, debe ser gestionado. Otra muy distinta las migraciones, fenómenos, hoy, fundamentalmente económicos en su origen y en su meta. Nada más contrario a la razón que ocultar estas motivaciones so capa de aquéllas. Invocar por parte del inmigrante el derecho de asilo para ocultar una migración económica o, lo que es peor, una razón humanitaria por parte del empleador que quiere solamente un trabajador barato y desprotegido.