Villarejo propone que la declaración de bienes de los altos cargos sea pública

Jiménez Villarejo recordó que la ley electoral faculta a la Administración para "no adjudicar o reducir las subvenciones públicas a los partidos políticos" cuando haya una violación de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. También se le autoriza a "recabar información contable de entidades bancarias para el cumplimiento de su función fiscalizadora". Sin embargo, manifestó: "Tengo serias dudas de que la administración electoral judicial haya ejercido estas dos facultades legales". "Nos encontramos ante un delito sin estrenar tras 23 años de elecciones democráticas en España, a pesar de las desconfianzas que sigue suscitando sistemáticamente la financiación de los partidos políticos", indicó Jiménez Villarejo.El fiscal anticorrupción también cuestionó en su intervención el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y funcionarios, al que encontró "serias deficiencias". Entre las "carencias" y "limitaciones", citó que "no genera incompatibilidad, por ejemplo, que un alto cargo de la Administración intervenga en asuntos relacionados con una empresa de la que es titular de un paquete accionarial".

Armonía penal internacional

Uno de los mecanismos previstos para prevenir la corrupción de los cargos públicos, explicó el fiscal, es la declaración de actividades y de bienes, obligatoria todos los años mientras se desempeñe esa responsabilidad. Al respecto, afirmó que "es inadmisible que el registro sea secreto y se impida al ciudadano acceder" a esta confesión patrimonial. "El derecho a la intimidad no puede ni debe amparar la ocultación de dichos datos", lo cual es una muestra de la falta de transparencia de la Administración.También advirtió de la presencia de "zonas oscuras" en esta regulación por considerar "voluntaria" la declaración de bienes del cónyuge, "cuando es frecuente utilizarle como testaferro para ocultar bines".

Por último, Jiménez Villarejo sentenció que "el Derecho Penal no tiene la misión de erradicar la corrupción y los abusos de poder", y abogó por "un control administrativo previo y exhaustivo de todos los actos y conductas públicas". También apostó por "una mejor coordinación y armonización jurídica internacional, que es un obstáculo grave para perseguir la corrupción. No conviene olvidar que el rastreo de los fondos ilícitamente conseguidos en el caso Roldán encontró el punto final por la nula colaboración de Singapur", adonde llegaron dichos fondos.