El Poder Judicial se queja a Aznar de que la Ley de Extranjería no le fue consultada

Precedentes

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer dirigirse al presidente del Gobierno, José María Aznar, para recordarle que el proyecto de la futura Ley de Extranjería ha sido remitido al Parlamento sin el previo informe, preceptivo, de dicha institución. El acuerdo se tomó por unanimidad y el requerimiento al Ejecutivo se ha realizado a través del ministro de Justicia, Ángel Acebes. Varios vocales relacionaron esta omisión del Gobierno con las dudas existentes sobre la constitucionalidad del proyecto de ley.Aunque el asunto no figuraba en el orden del día de la sesión, al empezar el pleno la vocal Ángeles Huet planteó el incumplimiento por el Gobierno -que el viernes pasado acordó remitir a las Cortes el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería- de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual el órgano de gobierno de los jueces deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales relativos, entre otras materias, a "normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales". Según Huet, "la Ley entera afecta a la tutela judicial de los derechos fundamentales, y en particular varios preceptos que, según parece, bordean la inconstitucionalidad al suprimir el control judicial de la permanencia en fronteras, no exigir motivación para la denegación de los visados o establecer regímenes especiales de ejecución de expulsiones".

El vocal Enrique Arnaldo preguntó si hay precedentes de esa omisión y se le respondió que la Ley de Extranjería de 1985 fue previamente informada por el CGPJ, aunque en ese momento todavía no era obligatorio, y que si en 1990 no emitió un informe fue porque se trataba de una proposición de ley de un grupo parlamentario, no un texto del Gobierno, como ahora.Aclaradas las dudas, el pleno del CGPJ acordó por unanimidad advertir a Aznar de la omisión. Varios vocales echaron de menos que Justicia no hubiera participado en la elaboración del texto prelegislativo, redactado en el Ministerio del Interior, y vincularon el hecho de no haber solicitado el informe preceptivo y no vinculante del CGPJ con la previsión gubernamental de que dicho informe sería muy crítico, dada la dudosa constitucionalidad del proyecto.

El CGPJ, que no facilitó información oficial sobre el acuerdo relativo a la Ley de Extranjería, dio cuenta de la decisión del pleno de no amparar a un juez de Barcelona que, tras suspender el reglamento de la Universidad Pompeu Fabra, se había sentido inquietado en su independencia por las críticas políticas a su decisión. El CGPJ hizo "un llamamiento" a los cargos públicos.

El magistrado Víctor Rafael Rivas Carreras, como juez de lo contencioso-administrativo, suspendió cautelarmente el 7 de junio último el reglamento de la Universidad Pompeu Fabra, impugnado por imponer el uso preferente del catalán. El juez Rivas se quejó al CGPJ de la reacción ante esa decisión, en concreto de "manifestaciones que, proveniendo de altos cargos políticos de la misma Generalitat de Cataluña (...) se permiten tachar de ideológica, no jurídica y sí política la resolución judicial".

Él pleno del CGPJ acordó ayer que no se dan "los presupuestos objetivos que deben concurrir para que pueda concederse el amparo", pero, "sin perjuicio de reiterar que la crítica a las resoluciones judiciales es siempre deseable y viable", hace un "llamamiento a la responsabilidad de los titulares de cargos públicos a la hora de hacer valoraciones sobre las decisiones de los jueces y magistrados, en especial cuando afectan a asuntos pendientes de resolución definitiva".