Tres 'oligarcas' rusos sufren en un mismo día el acoso de policías y fiscales

Mal día ayer para tres oligarcas que se hicieron con media Rusia a precio de saldo. Agentes de la Fiscalía y la policía volvieron a registrar la sede del grupo Most; se abría un proceso penal contra Vaguit Alekpérov, presidente de la primera petrolera del país, por evasión de impuestos, y la Fiscalía exigía a Vladímir Potanin 25.000 millones de pesetas para compensar al Estado por pérdidas sufridas en la privatización de la mayor productora de níquel del mundo.

Con tanta presión sobre los oligarcas en un solo día, faltaba tiempo ayer para determinar si se trataba de una acción coordinada surgida del puño de hierro de Vladímir Putin con fines políticos, de un exceso de celo de funcionarios que se adelantan a los deseos del líder del Kremlin, o de una actuación independiente de la justicia que, no por infrecuente a estos niveles, hay que considerar imposible.Los grandes magnates han campado por sus respetos durante años, influyendo en decisiones políticas clave y contribuyendo con su dinero y sus medios de información a mantener a Borís Yeltsin en el Kremlin y a hacer posible su relevo por Putin.

El actual presidente, que defiende un Estado fuerte y la "dictadura de la ley" y está forjando una base de poder propia, prometió antes de su elección que acabaría con los oligarcas como clase que se aprovecha del Estado. No está claro aún si los problemas de Gusinski, Alekpérov y Potanin forman parte del cumplimiento de esa amenaza. Antes de llegar a esa conclusión, habría que ver al más maquiavélico y maniobrero de los oligarcas, Borís Berezovski.

Hasta ahora, el único que ha conocido las hieles de la cárcel ha sido Gusisnki (que pasó tres noches en la de Butirka), acusado de estafa en la compra de una compañía de vídeo, aunque la sospecha generalizada es que purga el pecado de plantar cara al Kremlin. Sin embargo, lo que ayer buscaba la policía en sus oficinas eran pruebas de irregularidades en la valoración del grupo y en el trato con uno de sus principales accionistas, Gazprom, la mayor empresa de Rusia, de cuyas arcas ha salido el dinero para pagar algunas deudas del grupo.

En cuanto a Lukoil, primera empresa petrolera del país, la acusación contra Alekpérov y el máximo responsble financiero de la empresa apunta a fraude fiscal a gran escala, con falsas exportaciones de petróleo. Un portavoz de la firma (cuyos beneficios han crecido como la espuma en los dos últimos años por la subida del precio del crudo en el mercado internacional) aseguró que, por el contrario, es el Estado quien todavía adeuda a Lukoil más de 14.000 millones de pesetas. Parece un sarcasmo, pero Lukoil fue galardonada el año pasado por el Ministerio de Impuestos con el premio al Contribuyente Honesto.

En cuanto a Vladímir Potanin, paga ahora sus victorias en la privatización de empresas clave que siguió a su paso por el Gobierno, donde fue viceprimer ministro con Víktor Chernomirdin. Gracias a una subasta que él mismo diseñó, su grupo se hizo con el 38% de Norilsk Nickel por una bagatela: 30.000 millones de pesetas. Para dejarle en paz y retirar la demanda de que se anule esa operación, el fiscal le pide ahora que entregue al Estado lo que considera que debió pagarle de más entonces: otros 25.000 millones.

Curiosamente, después de la detención de Gusinski, Putin se reunió tanto con Alejpérov como con Potanin, e intentó tranquilizarles diciéndoles que no estaba en marcha ni una ofensiva generalizada contra los oligarcas ni un intento de redistribución de la propiedad.

Aunque todavía no haya indicios claros, sí que existen fuertes sospechas de que, de todo este embrollo puedan salir beneficiados otros oligarcas próximos al Kremlin, como Román Abramóvich y Alexandr Bamut.