Inquilino del mundo

A un vecino de Alicante le han impuesto una multa de un millón de pesetas por abandonar a un perro. La sanción está firmada por el mismísimo alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, a propuesta del concejal de Sanidad, que tramitó el expediente a raíz de una denuncia de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, según la información difundida el miércoles en un despacho de la agencia Efe.A mí me gustan los perros, he tenido perros y a su muerte me ha tocado elaborar el duelo de su pérdida casi como cuando falta un amigo. Algo difícil de entender por quien nunca se haya beneficiado de la mirada comprensiva que devuelve el animal, correspondiendo al estado de ánimo de su dueño. Puro egoísmo, al fin y al cabo. Por eso, porque uno es amigo de los perros, aunque no de las multas, me abstendré de poner a caer de un burro a los ediles por meter al vecino de Alicante un paquete que, a falta de conocer sus ingresos, parece desmedido.

Eso ocurría en Alicante, mientras la semana pasada, en Cádiz, la subdelegación del Gobierno imponía una multa de 250.000 pesetas a Francisca Gil por auxiliar a "un súbdito marroquí indocumentado y en situación de ilegalidad en España". Es decir, que hay una legalidad por la que se multa a una ciudadana por auxiliar a un hombre (marroquí) "en situación de ilegalidad" y se sanciona a un vecino por abandonar a un perro, se supone que español y en situación de legalidad (el perro).

Aquí, por lo visto, lo que con las multas se protege son los papeles y la nacionalidad. Que el hombre no tiene papeles y es extranjero, se le expulsa y se empapela a quien le ayuda. Que el perro tiene papeles y es, presuntamente, español, se le acoge y se empapela a quien lo abandona. Lo de menos es la condición de personas o de perros.

Hoy el PP presenta en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, según la cual las compañías de transporte serán objeto de sanciones de hasta diez millones de pesetas, si trasladan a España a ciudadanos extranjeros que no dispongan de la documentación en regla que exigen las autoridades españolas. Según denunciaban ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional y Carlos Ugarte, dirigente de Médicos Sin Fronteras, "a partir de ahora los empleados de las compañías de transporte se convertirán en el primer filtro para permitir que una persona pueda presentar su solicitud de asilo".

Así que no se conforman con multar a quien ayuda al extranjero, sino a quien no actúa contra ellos como un perro de presa, y que me perdonen los perros por la alusión, porque la agresividad es la del mala bestia que los entrena. Empiezan por exigir a los transportistas que actúen como policías y dentro de nada querrán convertir a los conserjes de hotel y a los taxistas en confidentes, como en el franquismo puro y duro.

Que hoy, siete de julio, San Fermín, que todo lo ve, proteja a los inmigrantes de los morlacos del PP y también a nosotros mismos, porque, como canta Diego Carrasco, lo quieras o no lo quieras, todos somos inquilinos, inquilinos del mundo.