El fiscal pide 29 años y medio de prisión para Jesús Gil en sus conclusiones finales del 'caso Atlético'

El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, ha rebajado de 34 a 29 años y medio la petición de prisión para Jesús Gil y Gil por diversos delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta petición del fiscal, entregada por escrito al filo de la medianoche del miércoles, se incluye dentro de las conclusiones finales del juicio del caso Atlético que se inició en marzo en la Audiencia de Málaga. Para Miguel Angel Gil Marín el fiscal pide 23 años de cárcel y 13 para Pedro Román, José Luis Sierra y Enrique Cerezo.

Castresana confirma todos los delitos que le imputaba al alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, pero la pena total se reduce al solaparse algunos de ellos. Además de prisión, se pide para Gil 74 años de inhabilitación y más de 1.700 millones de pesetas de multa. El fiscal ha retirado los cargos que tenía contra el presidente de Dorna José Ramón Guimaraens, por considerar que sus delitos han prescrito. El fiscal considera probado que Jesús Gil se valió de su cargo de alcalde para que el Ayuntamiento de Marbella actuara como una caja al servicio de los intereses del Atlético de Madrid. Según las conclusiones del fiscal, "en junio 1993 la situación económica del club era de quiebra técnica", al no superar su patrimonio neto el 50% del capital social. Por este motivo Jesús Gil, Enrique Cerezo, vicepresidente del club, y Miguel Angel Gil Marín, director general del Atlético, "urdieron una estratagema" que permitiera solventar la situación contable de la entidad. Para ello se pusieron de acuerdo con el primer teniente de alcalde, Pedro Román, y con José Luis Sierra, "máximo responsable de la asesoría jurídica" del Ayuntamiento y del club.

La tesis del fiscal es que la publicidad de Marbella en las camisetas del club fue gratuita en las temporadas 1991-92 y 1992-93, como Gil declaró entonces en diversos medios de comunicación. Pero que los acusados "confeccionaron, después del 1 de julio de 1993, sendos contratos de esponsorización", por los que hicieron pagar al municipio 450 millones de pesetas, a razón de 225 millones por temporada.

Según el fiscal también se falsificaron los decretos de la Alcaldía que autorizaban este gasto y fue ilegal todo el procedimiento de circularización de la deuda a partir de 1995, hasta su pago. Para Miguel Angel Gil Marín el fiscal pide 23 años y nueve meses de cárcel y 13 años para Pedro Román, José Luis Sierra y Enrique Cerezo.

Este caso se inició en mayo de 1996, por una denuncia de Isabel García Marcos, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, ante la Fiscalía Anticorrupción. El asunto investigado inicialmente fue la posible falsedad de los contratos de patrocinio de las camisetas, pero la instrucción que llevó a cabo el juez Santiago Torres desde octubre de 1998 provocó otras imputaciones.

El fiscal considera también probado durante el juicio que hicieron y deshicieron contratos entre el Ayuntamiento y el club de fútbol de acuerdo con los intereses del club, sin que hubiera jamás reclamación alguna por parte de Marbella. Así, se firmó un acuerdo con Antena 3 para la temporada 1993-94, por 170 millones de pesetas, pero la cadena de televisión no quiso seguir al año siguiente. En la temporada 1994-95 "los acusados Jesús Gil y Miguel Angel Gil Marín no fueron capaces de encontrar un anunciante conveniente", por lo que hicieron un contrato por cinco años con Marbella, a razón de 150 millones anuales. Este contrato su suspendió la temporada siguiente porque "Gil estimó que convenía a sus personales intereses" que se hiciera la esponsorización a través de una sociedad intermediaria de la Liga Profesional. Se redactaron unos contratos nuevos por dos años y 158 millones anuales. Este contrato tampoco se cumplió: en la temporada 1996-97 "como consecuencia de haber ganado la Liga y la Copa, Gil consiguió un anunciante más ventajoso, la empresa japonesa Bandai, dispuesta a pagar 300 millones". La resolución del contrato se hizo sin reclamación alguna por el Ayuntamiento. Y en la temporada 1997-98, la empresa Bandai no quiso continuar y la familia Gil hizo de nuevo el patrocinio con Marbella, por la misma cantidad de 300 millones.

Gil también es acusado por el fiscal de firmar en 1992 un compromiso con el Betis, en nombre de una empresa municipal de la que no tenía poderes, en un papel común, sin membrete del Ayuntamiento, por 40 millones de pesetas. Así mismo se le acusa de haber pagado en 1994 al Sevilla parte del fichaje de Simeone, con un contrato de patrocinio de Marbella de 120 millones.

Y como último delito, se le acusa de haber comprometido verbalmente 200 millones de pesetas con la empresa Dorna, por una esponsorización de las camisetas del Joventut de Badalona en la temporada 1992-93. En opinión del fiscal este patrocinio era la manera de pagar a Dorna el favor de prestarle por un solo día, en junio de 1992, los 1.300 millones con los que suscribió el 85% del capital social del Atlético en el momento en que se constituyó la sociedad anónima deportiva.