La investigación de los accidentes J. ZAMORA TERRÉS

En su momento, resultó esperanzadora la rapidez y contundencia del Ministerio de Fomento al declarar una investigación a fondo de las causas del hundimiento del puente de la carretera N-II entre Abrera y Esparreguera. Frente a los políticos asustadizos, capaces de dominar la escena pero no el escenario, a quienes cualquier quiebra de la normalidad saca de quicio y afirman, inmediatamente después del accidente, que no es momento de hablar de investigación de causas, y transcurrido un tiempo del accidente, cuando la opinión pública ha olvidado los hechos, confiesan que no se puede estar removiendo el pasado; frente a los incompetentes especializados en levantar cortinas de humo para ocultar las causas de la tragedia, frente a tanta estulticia, alguien había puesto un poco de sentido común: investiguemos por qué se ha roto el puente.Lo que se ha filtrado a la prensa sobre las conclusiones del estudio de aquel accidente hace temer que el informe podría acabar convertido en una mera arma arrojadiza -una más- entre las distintas administraciones públicas.

El objetivo de la investigación técnica no pretende encontrar culpas y culpables. Cuando se habla de investigar se está hablando de conocer: saber dónde, cuándo y por qué se produjo el error; y analizar las formas posibles -técnicas, jurídicas, organizativas- de prevenir errores semejantes en el futuro. Sólo así resulta posible avanzar y mejorar. Si frente al accidente se adopta la castiza postura de echar balones fuera (¡yo no he sido; ha sido él!) o la no menos castiza de achacarlo a la fatalidad, se estará sembrando de riesgos el futuro al encubrir errores que se repetirán.

Este país se ha caracterizado por la ligereza con que se contemplan los accidentes, que constituyen ocasiones únicas para auditar nuestra situación y nuestras actividades. Ligereza e impotencia. Quienes tienen poder se esconden de la realidad porque saben, con razón, que la investigación les va a confirmar errores y deficiencias que no quieren oír. A los demás nos queda la impotencia y a veces la indignación.

Desde estas páginas he clamado en vano por la investigación rigurosa y la transparencia de los resultados en los accidentes marítimos que hemos sufrido. Desde la desgracia del Urquiola (1976), que causó la mayor marea negra sufrida por nuestro país, hasta el naufragio de L'Oca (1998) en el lago de Banyoles, pasando por la varada del Aegean Sea (1993), la historia se ha repetido: no ha habido investigación de las causas y estudio de las soluciones. Huelga decir que los accidentes menores, que el azar y la fortuna no han querido que pasaran a mayores, mucho más frecuentes y cotidianos, se recubren con un manto de silencio que algunos confunden con la prudencia.

En el caso de L'Oca, el coraje del entonces alcalde de Banyoles, Joan Solana, haciendo públicas las conclusiones de un estudio técnico de urgencia, le costó inexplicables reproches de la juez encargada de la causa penal. En los demás casos no tuvimos ni eso. Cuando se juzgue el hundimiento de la barca del lago de Banyoles -juicio penal que distribuirá responsabilidades y poco más- los malos políticos se escudarán en el respeto a las decisiones judiciales para continuar en el limbo. Además, ya no sentirán la presión de la opinión pública para buscar soluciones. Darán el asunto por zanjado. Decía que en los otros accidentes marítimos no tuvimos la suerte de contar con un alcalde dotado de sentido común que nos dijera al menos el porqué inmediato de la tragedia. Y no sólo eso: tuvimos la desdicha de tener unas autoridades, dependientes del ministerio que ahora se llama de Fomento, que despreciaban la verdad y volcaron todos sus esfuerzos en cegar cualquier investigación decente. Si levantáramos la vista a las hemerotecas donde se conservan los textos y palabras que inundaron los medios de comunicación en los dias posteriores a las mareas negras producidas por los accidentes del Urquiola y del Aegean Sea, y comparáramos lo que se dijo entonces con las sentencias judiciales de los casos respectivos (aun contando con la necesaria parcialidad cognitiva de la sentencia), se nos quedarían los ojos como platos por el asombro. Cuánta necedad y cuántas mentiras tuvimos que soportar.

Ahora, el Ministerio de Fomento apuntaba a un loable cambio de rumbo prometiendo la imprescindible investigación de las causas que produjeron el hundimiento de un puente construido hace tan sólo 10 años. Debemos pedirle, además, que la investigación sea transparente (autores, metodología utilizada, etcétera) y que los resultados, junto a las posibles medidas correctoras, se hagan públicos cuando los técnicos finalicen su trabajo. Y, sobre todo, que el gesto no se convierta en una excepción ni que el informe elaborado se utilice como punta de lanza de las querellas entre partidos políticos y / o instituciones. El ministro Álvarez Cascos tiene aquí una oportunidad para demostrar que su imagen de doberman sectario no se corresponde con la realidad. Que no la tire por la borda.

J. Zamora Terrés es periodista y doctor en Marina Civil.