El Plan Nacional sobre Drogas advierte en una campaña de los riesgos penales de traficar en el extranjero

El Plan Nacional sobre Drogas y la Fundación Ramón Rubial-Españoles presentaron ayer una campaña para advertir de las graves consecuencias de traficar con drogas en países extranjeros, donde las penas oscilarían entre los cinco años de cárcel en Pakistán hasta la cadena perpetua en Tailandia. Según los responsables de esta campaña, Gonzalo Robles y Juan Manuel Eguiagaray, de los 1.336 españoles que se encuentran detenidos en el extranjero, 974 (el 73%) han sido condenados por tráfico de estupefacientes. "Hay que evitar la desinformación y romper con tópicos que hacen pensar que las legislaciones sobre drogas en otros países son más permisivas que en España, donde no está condenado el consumo", explicó el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles. El ex ministro socialista Eguiagaray señaló que el objetivo de la fundación es también "lograr que los españoles que están allí cumpliendo condena puedan ingresar en cárceles españolas".

Los impulsores de la campaña añadieron que "en contra de la creencia general, en Holanda el consumo de drogas no es punible, pero sí está penada la tenencia; en otros países, el consumo no está permitido pero es punible, y en el norte de África no está permitido ni el consumo ni el tráfico de drogas".

El 50% de los españoles detenidos por esta causa está preso en la Unión Europea. Francia, con de 294 presos españoles, condenó a 214 por posesión de sustancias ilícitas. América Latina es la segunda área que tiene más presos españoles, seguida del norte de África, explicó Robles.

El perfil del reo corresponde a una persona joven, de ingresos bajos y nulo conocimiento de la legislación extranjera. No suelen pertenecer a ninguna red organizada ni tener antecedentes.

Ambas entidades recomiendan que no se acepte transportar equipajes cuyo contenido no se conozca. En caso de detención se pide que la persona se ponga en contacto con el Consulado de España correspondiente, y si España no tuviera representación serviría cualquier otro consulado de un país de la UE. Si el convenio es operativo, transcurre como mínimo un año desde que la persona lo solicita hasta que llega a su país.