Subasta

Lo han hecho. Estaban empeñados, ellos sabrán por qué. Lo venían fraguando desde hace tres años. El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado finalmente la venta por pública subasta del emblemático balneario de Las Arenas. Eso sí, el gobierno popular se ha quedado solo. Los dos grupos de la oposición han rechazado una operación en la que ven oscuros intereses, además de algunas ilegalidades. Pero las advertencias de los grupos de la izquierda no han arredrado a la derecha, empeñada en liquidar ese entrañable enclave, que en breve dejará de pertenecer a todos los valencianos para pasar a manos privadas. ¿Por qué tiene el Ayuntamiento tanto interés en desprenderse de este bien patrimonial? Sin duda, estamos ante un negocio redondo para los futuros propietarios, no así para la ciudad, que perderá una parte de su patrimonio, de indudable valor, que, además va a malvender. Los socialistas preparan ya acciones judiciales contra la operación: prevaricación, estafa y maquinación son los supuestos delitos por los que podrían presentar una querella. El enclave de Las Arenas -20.000 metros cuadrados en primera línea de playa- sólo reportará a las arcas municipales 850 millones de pesetas (mucho menos que ese puente de Calatrava que se empeñan en construir). Y eso que está situado en un lugar privilegiado, junto al paseo marítimo que tanto dinero costó a todos, y muy cerca del futuro Balcón al Mar, donde se prevé una millonaria inversión pública. Dinero de todos que vendrá a beneficiar a los adjudicatarios del antiguo balneario, en el que actualmente funcionan dos lucrativas discotecas de verano. Teóricamente es una subasta pública, pero no se engañen, parece más bien una adjudicación directa. Es difícil decir cuánto puede valer ese suelo, puesto que en esa zona no queda ni una sola parcela, pero seguro que superaría con creces esos 850 millones de pesetas. Sale por algo más de 40.000 pesetas por metro cuadrado, cuando una parcela de suelo terciario en la avenida de Francia ha salido recientemente por unas 60.000 pesetas el metro. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la justificación de la operación? ¿Por qué el Ayuntamiento malvende una propiedad tan valiosa? ¿Qué intereses esconde la operación?