Los defensores del pueblo critican la dificultad de aplicar penas alternativas a la prisión

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y sus homólogos de las ocho comunidades autónomas que cuentan con este órgano, han advertido sobre las escasas posibilidades de aplicación de las penas alternativas a la prisión recogidas en el Código Penal, como los arrestos de fin de semana y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, por falta de lugares adecuados donde desarrollarlas.Múgica y los defensores autonómicos, reunidos esta semana en Vitoria, analizaron la situación de estas penas alternativas, recogidas en el Código Penal de 1995. Según los datos del año 1999, en toda España existen 45.416 reclusos, entre los que cada año aumenta en una proporción del 200% el número de mujeres y también en una alta proporción los extranjeros.

La tasa actual de encarcelamiento de España es de 116 internos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 94 por 100.000 habitantes. Ante estos datos, los defensores coincidieron en señalar la conveniencia de favorecer el régimen abierto de las penas para reducir el número de reclusos y conseguir la reinserción social de los mismos.

Según expusieron, "al permanecer integrado en la sociedad, el sujeto que ha delinquido tiene más posibilidades de comprender las consecuencias de sus propios actos y de valorar las repercusiones de éstos y de los daños que ha acusado". Por ello, urgieron a crear las infraestructuras materiales y humanas que requiere este tipo de medidas. En concreto, reclamaron a las administraciones públicas que creen lugares adecuados para el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana, y pidieron igualmente que se generen plazas que permitan la aplicación de las penas de trabajo para la comunidad.

En esta última tarea, opinaron que deben involucrarse las entidades locales y los servicios sociales comunitarios. Esta pena, -una de las novedades más esperadas del Código Penal- se aplica a delitos de escasa relevancia que en la legislación anterior se sancionaban con penas cortas de prisión.

Los defensores alertaron de que si continúa la escasez de infraestructuras necesarias para aplicarla se confirmará "su fracaso anunciado". Además, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, dirigió a sus críticas hacia la "casi anecdótica" suspensión de las penas por motivos humanitarios ante enfermedades graves e incurables, como en el caso de los toxicómanos, y reclamó a los jueces que utilicen "hasta sus últimas consecuencias el catálogo completo de penas y medidas reductoras de prisión".