Extranjería otra vez XAVIER RIUS SANT

Si alguna conclusión se sacó de los trabajos de la ponencia parlamentaria que en la pasada legislatura estudió la situación de la inmigración en España fue que, dada la complejidad de este fenómeno, era necesario un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas y sociales a la hora de diseñar políticas de extranjería e integración. Un consenso necesario por el bien de todos, para evitar que nadie se desmarcara con posiciones populistas, demagógicas y electoralmente rentables que pudieran provocar por activa o por pasiva actitudes xenófobas. Consenso que fue roto a última hora por el Partido Popular al no votar la ley que habían apoyado durante su redacción y que van a volver a romper ahora, no solo negándose a aplicar y a desarrollar el reglamento de una ley que está en vigor, sino pretendiendo remitir a las Cortes el proyecto de contrarreforma las próximas semanas.Evidentemente, la nueva ley hoy vigente pudo tener errores técnicos que debieron haber sido subsanados en el Senado, pero lo que ahora pretende el PP es dar la vuelta al calcetín. La reforma que se propone impulsar, en lugar de facilitar la regularización de los "arraigados" -es decir, personas que trabajan y están empadronadas en el país, y que incluso tienen aquí a la familia y a los hijos estudiando en escuelas e institutos-, permitirá que éstos puedan ser expulsados a los tres meses de haberles caducado los papeles. Y debemos recordar que la lentitud de la Administración y la intermitencia de los contratos de trabajo han generado en estos años importantes bolsas de miles de inmigrantes que, a su pesar, acababan siendo ilegales.

El PP acusa a la nueva ley de haber provocado el efecto llamada, perceptible por el incremento de pateras. Pero mucha responsabilidad de esta nueva avalancha de pateras la tienen el Ejecutivo y el Grupo Popular, que hace ocho meses, al romper el consenso y decidir no apoyar la nueva ley, no se cansaron de repetir que ésta iba a ser un "coladero" y cualquier ilegal acabaría siendo regularizado. Dado que Televisión Española es vista en millones de hogares marroquíes, el PP dio con sus reiteradas declaraciones la falsa expectativa de que cualquiera que llegase a España mientras esta ley fuera vigente obtendría los papeles. Y puesto que el mismo Gobierno ya anunciaba que la cambiaría, habría que aprovechar el momento para tomar una patera, pagar lo que fuera y cruzar el Estrecho o llegar a Canarias antes de que esta supuesta puerta se cerrara. Las mafias y los contrabandistas de seres humanos que la ley pretendía perseguir han acabado haciendo su agosto aprovechando el lógico incremento de la demanda.

Pese a que ninguna ONG apoyará al Gobierno, el PP busca que otros grupos como CiU apoyen la contrarreforma. Y aquí CiU puede cometer un grave error si se pone del lado de un partido que ha abandonado en este asunto una política centrista y dialogante por otra autoritaria y represiva. La posible inconstitucionalidad de la ley, la pérdida del consenso y la necesidad de justificar esta reforma radical pueden generar crispación, y si esta crispación y demagogia estallan en los lugares donde aumenta el número de temporeros agrícolas, podemos tener un nuevo Ejido. CiU tuvo el mérito de haber impulsado junto con Iniciativa per Catalunya, en el Congreso de los Diputados, ese consenso ahora acabado tan necesario. La nueva ley posiblemente será un nuevo error como el que cometieron los socialistas en 1985. De CiU depende que el PP se estrelle solo en esta cuestión o que la contrarreforma tome una falsa imagen de consenso y moderación.