El fiscal pide una pena simbólica para el líder francés de la lucha contra la globalización

Sea cual sea el veredicto del tribunal, el juicio a José Bové y a los otros nueve agricultores que el 12 de agosto del pasado año desmantelaron un restaurante McDonald's en Millau pasará a la historia francesa como un hito de la lucha antiliberal. Aunque el fallo no será dado a conocer hasta el próximo 13 de septiembre, el desarrollo del doble proceso que ha tenido lugar dentro y fuera del Palacio de Justicia de Millau induce a pensar en un triunfo absoluto. El fiscal reclamó para José Bové nueve meses de cárcel con suspensión de condena y uno más de prisión firme.

La petición fiscal, nada habitual en casos como el presente en el que el procesado ya se beneficia de un sursis (régimen que no obliga al cumplimiento de la pena salvo reincidencia) establecido en una condena precedente, deja la puerta abierta de par en par para que el tribunal se pronuncie contra la entrada en prisión de José Bové considerando que el sindicalista ya cumplió tres semanas de cárcel como preventivo.A lo largo de estos dos días, el fiscal no ha disimulado demasiado su interés en mostrar una actitud discreta pese a que la incomparecencia de la parte civil (la multinacional McDonald's renunció a ese derecho a última hora) hacía recaer sobre él todo el peso de la acusación. Visto el panorama, el presidente del tribunal, François Mallet, ha multiplicado sus esfuerzos para conjurar el peligro de que el juicio llegara a parecer un simulacro, una representación inducida por los gritos de aliento a los procesados que irrumpían por las ventanas abiertas del Palacio de Justicia. Con todo, el magistrado accedió finalmente a escuchar en calidad de "testigos de moralidad" a los sindicalistas agrarios de medio mundo y a los intelectuales presentados por la defensa que han ilustrado largamente al tribunal sobre los calamitosos efectos de la política de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los organismos internacionales de inspiración liberal.

El mismo Mallet admitió ante la sala que, personalmente, nunca había creído que los móviles que llevaron a los sindicalistas a desmontar el restaurante McDonald's fueran "deshonestos". De ahí, quizá, que Bové asegurara ayer que el tribunal de Millau había reconocido como "una lucha de utilidad pública" la acción contra el número uno mundial de la restauración rápida, representante genuino, a su juicio, del intento de imponer un modelo alimenticio exclusivo y de pésima calidad. El argumento central de la defensa es que el ataque al McDonald's fue una acción sindical, defensiva y no violenta, dirigida a denunciar las sanciones estadounidenses a la comercialización del queso Roquefort y a poner de manifiesto el carácter arbitrario y antidemocrático de una OMC que "reúne en sí misma los poderes ejecutivo, legislativo y judicial".

La tesis defendida dentro y fuera del Palacio de Justicia es que a la OMC actual, "puro instrumento de las multinacionales", hay que oponerle una Organización Mundial de la Ciudadanía, de la misma manera que el proceso de globalización económica debe estar acompañado indisolublemente por el proceso de globalización de los derechos humanos. La definitiva evaluación pericial de los daños materiales ocasionados al McDonald's favorece igualmente a los procesados puesto que fija un montante inferior a los 750.000 francos (18,7 millones de pesetas) abonados por las compañías de seguros. "Si no hay una condena con prisión firme, demandaremos a la justicia por detención ilegal", adelantó, desafiante y eufórico, Bové. Pese a haber sido condenado por la destrucción de una plantación de maíz transgénico, el líder de la Confederación Agrícola aseguró que piensa seguir luchando contra los transgénicos.

Contra la globalización

En paralelo con el proceso judicial, las decenas de miles de personas que han respaldado estos días a los sindicalistas procesados proclamaron ayer a Millau la capital europea de la lucha contra el actual proceso de globalización. Exultante y seguro de sus fuerzas, Bové emplazó al presidente Jacques Chirac y al primer ministro Lionel Jospin a deshacer sus compromisos con la OMC y a aprovechar la presidencia francesa de la Unión Europea para crear un tribunal penal internacional de comercio que ponga fin a los "desmanes" de las multinacionales y a la "dictadura" del dinero. "Millau es la capital de la resistencia europea, es el punto de partida de una movilización general para construir un verdadero contrapoder ciudadano", afirmó, al término de la vista, el hombre que encarna la lucha contra la desregulación mundial. La salida de los procesados del Palacio de Justicia de Millau resultó tan triunfal como la entrada, pese a la resaca de una noche festiva que, según la Confederación Agraria, reunió a 100.000 personas en el concierto de homenaje a los procesados.