Liberalizando, que es gerundio

Que el significado de las palabras importa poco y lo que importa es saber quien manda ya lo decía Humpty-Dumpty. Que sufrimos de forma acelerada un proceso de degradación, o dilución si lo prefieren, semántica es innegable. Que a este paso acabaremos en una babélica confusión en la que unos y otros emplearemos los mismos vocablos para referirnos a sentidos diferentes, creo que ya lo estamos viviendo. En el último Consejo de Ministros, sin ir más lejos, se aprobó lo que, en terminología gubernamental, se empeñan en denominar medidas "liberalizadoras" y yo sigo igualmente empecinado en calificar como medidas "desreguladoras" de la economía. ¿Simple cuestión de logomaquia? ¿Pruritos academicistas? En absoluto, creánme si les aseguro que, en mi modesta opinión, la distinción es fundamental, tanto a nivel puramente conceptual, como en el ámbito de la política económica y, por ende, del debate político y la confrontación programática izquierda-derecha que, creánme por favor nuevamente, lejos de acabarse por peripecias electorales va a seguir con bríos renovados en el futuro. El caso francés resulta ilustrador al respecto, ahora que Jospin parece decidido a romper el tabú de inviolabilidad que algunos, más bien muchos, habían construido en torno a la libertad absoluta e irrestricta de las transacciones financieras internacionales. Esperemos que en septiembre, una vez arreglado nuestro zipizape interno, los socialistas españoles podamos sumarnos a este tipo de debates en lugar de estar pendientes de las majaderías del escudero, anfibológicamente hablando ya que en ello estamos, de turno.Cuando se habla de liberalizar una economía, si nos referimos a su apertura al exterior, al comercio internacional, está claro que aquí liberalizar significa menos protección, arancelaria o efectiva, y mayor libertad de exportar e importar. Si estamos en una economía dirigida, de economía planificada o fuertemente intervenida por el Estado, también queda diáfano el significado que tendría hablar aquí de liberalización. En una economía como la española, en la cual la actividad productiva del Estado hace tiempo que carece de relevancia; en la que estamos inmersos en un mercado común con tarifas exteriores idénticas a las de nuestros socios y ligados a una Unión Monetaria; en la que no existe un sistema de cambios múltiples, ni precios intervenidos, más allá de los monopolios -y no todos además- antes públicos ahora privados, pero igualmente monopolios. Ni existen restricciones significativas a la absoluta libertad contractual, ni por lo que se refiere a precios ni en cuanto a las cantidades intercambiadas según la libre voluntad de las partes, ni en cuanto a la nacionalidad de los activos, reales o financieros, en los que podemos situar nuestro patrimonio, no sé muy bien a que viene tanta alharaca presuntamente liberalizadora proclamada desde el Gobierno. El cual, para acabar de rematar la confusión y por boca de su presidente, de quien ya conocemos bien su tendencia hacia la hipérbole trascendente dirigida a solemnizar habitualmente lo trivial, la proclama como el mayor esfuerzo liberalizador en la economía española "desde el Plan de Estabilización", o sea, haciendo un cálculo para el lector joven, desmemoriado o no muy ducho en historia contemporánea, desde hace exactamente la friolera de 41 años.

En otras palabras, desde Franco con sus tecnócratas opusdeistas hasta que el Opus vuelve al Gobierno español de la mano de Aznar aquí no ha pasado nada. Gonzalo Anes y sus académicos deberían también tomar nota de este intento de falsificación histórica. Esta barbaridad aznariana no merece más comentarios, sólo recordar que -Constitución, transición y Pactos de la Moncloa al margen- España ingresó en la CEE -piedra de toque de libertades económicas y políticas- en 1986, con un Gobierno socialista. Que España firmó el Tratado de la Unión en 1992, con un Gobierno socialista. Y que todas las tareas necesarias para entrar en la zona euro estaban diseñadas y prácticamente ejecutadas por un gobierno socialista. Y en cuanto Rato dejó de cumplir los deberes que le dejó preparado Solbes, la inflación se le ha ido por las nubes.

En una situación como la nuestra el único sentido aceptable que tiene liberalizar sería el de introducir mayor competencia en los mercados, mismamente en telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos. No es ése el caso ni los decretos aprobados suponen ningún avance significativo al respecto y recuerden que, al igual que la fe sin obras, un mercado sin competencia es un mercado muerto. ¿Cuál es entonces el sentido -a grandes rasgos- del conjunto de medidas aprobadas? Pues al margen de alguna de carácter fiscal, que no tiene nada que ver con nuestro asunto, y dejando también al margen dos cuestiones como las de las horarios comerciales, que podría entrar en colisión con la ley orgánica de 1995 y con las competencias autonómicas, y la del suelo, que a mi juicio viola claramente el principio constitucional de autonomía municipal por lo que ambas podrían verse ante el Tribunal Constitucional, el resto no es más que simple y pura desregulación y considero, siguiendo en esto al Tribunal de Defensa de la Competencia (La competencia en España: balance y nuevas propuestas, 1995), que "la competencia no implica falta de regulación ni desatención de los objetivos públicos ... La tarea del regulador consiste en diseñar un marco normativo que garantice la protección de los ciudadanos y que asegure que las empresas no falseen la propia competencia ... No es verdad que liberalizar un mercado suponga desregularlo, incluso al revés".

O sea, que el Gobierno es muy libre -y más desde su mayoría absoluta- de hacer lo que considere conveniente, pero que no nos den gato desregulador por liebre presuntamente liberalizadora, porque los decretos introducen además un nivel de actuación discrecional gubernativa en el ámbito empresarial altamente preocupante Y, en cualquier caso, no pienso abdicar, radicalizado como estoy, de mis convicciones revolucionarias y sigo proclamando, orgullosa y desafiadoramente, "la necesidad del Estado como mecanismo regulador del mercado en aquellos aspectos en que éste no alcanza a asignar eficientemente los recursos. El Estado es el garante de los derechos de propiedad, es árbitro ante situaciones de monopolio y mediador en situaciones en que el mercado prescinde de las externalidades, sean éstas positivas (creación de infraestructuras, investigación) o negativas (costes de contaminación)". La frase es cita literal del Informe Económico del presidente Clinton en 1997. Y, por cierto, les recuerdo que el mercado más libre del mundo mundial, o sea el de los Estados Unidos, es curiosamente el más regulado. ¿O será libre y competitivo precisamente por eso?

Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia