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Los populares de Elche se desmarcan del Consell y proponen crear un ente supramunicipal autónomo

La reunión que asociaciones cívicas y partidos políticos celebraron la noche del jueves en Elche, para debatir el anteproyecto de ley de áreas metropolitanas, sirvió para poner de manifiesto la firme oposición de esta ciudad al proyecto que abandera el Consell, y para que el PP local se desmarcara definitivamente de la cúpula de su partido.El portavoz del PP, Fernando Vargas, aseguró tener el beneplácito del consejero de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, para modificar la ley de tal manera que Elche tenga la potestad suficiente para organizar su propia área metropolitana, que se respete el principio de autonomía municipal y se anule la obligatoriedad de adscribirse a esos órganos supramunicipales. Vargas propuso que los municipios que mantengan vinculaciones económicas y sociales, y cuya población arroje una suma total superior a los 150.000 habitantes, puedan crear un área metropolitana.

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El modelo de área metropolitana del PP descarta la coordinación de servicios en un solo organismo

En un salón de plenos repleto y con un cruce de opiniones que emulaba a la democracia ateniense, los representantes de cerca de 80 asociaciones destacaron la "necesidad" de que la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana continúe manteniendo su independencia con respecto a la capital de provincia, Alicante, con la que aseguraron no mantener "ningún tipo" de enfrentamiento.

Tras una charla pedagógica sobre el contenido de la ley, el alcalde, el socialista Diego Macià, advirtió de que la ciudad corría "el peligro" de quedar fagocitada por Alicante, tal como sucede con las poblaciones de la periferia de Valencia. EU, que considera el modelo de gestión de las áreas metropolitanas "una declaración de guerra" a Elche, pidió que la ciudadanía se implique en las protestas.

De la misma forma que el PP ha divagado profundamente a lo largo de la semana con su postura ante el modelo de gestión, el presidente local, Manuel Ortuño y el portavoz Fernando Vargas, serpentearon el jueves entre alinearse junto a socialistas y resto de fuerzas sociales ilicitanas u obedecer a la cúpula del partido y enfrentarse, con ello, al público presente. Finalmente, optaron por abanderar su propia propuesta. Los cambios de postura que ha experimentado el grupo se deben, según confesó Vargas, a "presiones internas y externas" del PP.

La cronología de las posturas mostradas a lo largo de la semana pasa primero por hacer gala de una oposición frontal a la ley -que llevó a Vargas a anunciar su dimisión si se aprobaba el borrador-, hasta adoptar una posición matizada intentando destacar las bondades del texto. Ortuño recalcó que el texto es una "ley marco" que no hace referencia específica a Elche, aunque mantuvo que de ser así, debería modificarse.

Por su parte, el Consell rechaza las acusaciones de la oposición. Carlos González Cepeda, ha declarado que el proyecto "no atenta contra la autonomía local" ni pretende "usurpar determinados servicios", y resta importancia a la cuestión de la figura del delegado de la Generalitat, porque éste no ejercerá "labor ejecutiva" alguna, al tener voz pero no voto, "con lo que su capacidad de decisión es mínima y su función será coordinar actuaciones y desarrollarlas".

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