Ejecutados en Guatemala dos secuestradores ante las cámaras de televisión

La ceremonia se cumplió según lo previsto. Al amanecer de ayer, jueves, una inyección intravenosa acabó con la vida de Tomás Cerrate y Amílcar Cetino, miembros de una de las más peligrosas bandas de secuestradores de Guatemala, conocida como Los Pasaco. Su agonía, retransmitida en directo por televisión, tuvo un carácter casi ritual: en su camilla, mientras el cóctel de tranquilizantes fluía por sus venas y los introducía en un letargo sin retorno, los reos se convertían ante las cámaras en las víctimas propiciatorias para la catarsis de una población fustigada por la criminalidad.

No hubo clemencia para Cerrate ni Cetino. Ni por parte de los tribunales, ni por parte del presidente, Alfonso Portillo, que denegó el indulto, ni por parte de la sociedad guatemalteca, que clamaba por ver muertos a estos dos hombres. ¿Pero quién quería compasión para unos hombres capaces de torturar, amputar y asesinar a sus víctimas, a menudo menores de edad, aun después de haber cobrado el rescate? ¿Quién podía pedir públicamente el perdón para unos sujetos que maltrataron y estrangularon en 1997 a la anciana Isabel de Botrán, miembro de una acaudalada familia de empresarios?Muy pocos. Sólo la Iglesia católica, algunas organizaciones de derechos humanos y varios intelectuales se alzaron en contra de la ejecución. En su momento, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) denunció la violación del derecho al debido proceso en el caso de Cerrate y Cetino, que fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tortura.

Pero todas estas voces han quedado ahogadas por el clamor popular por que "se hiciera justicia". El contexto en el que vive la sociedad guatemalteca ofrece los argumentos. La proliferación de secuestros por parte de bandas criminales que hacen alarde de una extrema crueldad con sus víctimas tiene conmocionada a la población. Junto a ello, un inoperante sistema de justicia y unas cárceles que están controladas por los propios delincuentes, que entran y salen cuando quieren, alimentan la sensación de indefensión. Sin ir más lejos, el jefe de Los Pasaco, Elver Alvarado, alias Lito, se fugó de la prisión el pasado 10 de enero.

El apoyo mayoritario a la ejecución no ha librado al presidente Portillo de un nuevo escándalo. Después de rechazar el indulto, el mandatario envió a su familia (madre, hermanos, cuñados y sobrinos) a Canadá, alegando el temor a represalias por parte del prófugo Lito. Si Portillo creía que la población iba a reconocerle el sacrificio, estaba equivocado. La avalancha de críticas no se hizo esperar. ¿Por qué no ayudaba igualmente, a cuenta del erario público, a todos los testigos, jueces y fiscales que se juegan la vida en cada uno de estos procesos? Y es que, si bien la muerte de los dos reos ha proporcionado alivio a una buena parte de los guatemaltecos, no ha logrado ocultar la incapacidad del Gobierno para hacer frente al crimen organizado. En los seis meses que lleva en el poder, Alfonso Portillo no ha presentado un plan concreto de lucha contra la inseguridad ciudadana, que fue el caballo de batalla de su campaña electoral.

El proceso de Los Pasaco ha servido también para recordar algunas paradojas que se han dado en este país. Algunos (pocos) comentaristas han recriminado a Portillo que deniegue indultos y se llene la boca con el cumplimiento de la ley cuando él mismo huyó de la justicia mexicana después de matar a dos hombres en 1987. Y a la población guatemalteca, que pida justicia cuando llevó al poder a un partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado y presidido por un hombre, el ex general golpista Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio en los tribunales. Guatemala es el único país de Centroamérica donde la condena de muerte está vigente para delitos comunes como los asesinatos y los secuestros. Estas dos últimas muertes elevan a cinco las ejecuciones desde la firma de los acuerdos de paz, en 1996.