CiU fuerza al PNV a rebajar las exigencias nacionalistas de la Declaración de Barcelona
La mayoría absoluta del PP ha afectado a la Declaración de Barcelona, suscrita por el PNV, CiU y el BNG en 1998 para aumentar su autogobierno. El PNV cedió ayer a la presión de CiU para rebajar las exigencias más ambiciosas de dicha Declaración y limitar su acción conjunta a reclamaciones asumibles por el Gobierno central. El programa parlamentario pactado se limita a reivindicaciones culturales como el reconocimiento oficial de las lenguas de las nacionalidades o su participación en la Unesco. Se posponen objetivos "más duros" como la reforma del Tribunal Constitucional.
Los portavoces del Congreso y del Senado de los tres principales partidos nacionalistas que suscribieron la Declaración de Barcelona -CiU, PNV y Bloque Nacionalista Galego (BNG)- se reunieron ayer en un restaurante madrileño para tratar de buscar una salida a la crisis de esta plataforma política unitaria. Y lo lograron a costa de recortar sus reclamaciones máximas y ceñirse a cuestiones culturales y lingüísticas asumibles por el Gobierno central.La reunión vino precedida por el envío de una carta, la pasada semana, del portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, al de CiU, Xavier Trias. En ella le acusaba de paralizar la Declaración, tras constatar el desmarque de los nacionalistas catalanes del PNV y BNG en sendas votaciones en el Congreso y Senado referentes a la seguridad social de los trabajadores autónomos y al uso de las lenguas.
La cita de ayer -con la asistencia de Iñaki Anasagasti y Joseba Zubia por el PNV; Xavier Trias, Manuel Silva y Josep Camps, por CiU, y Francisco Rodríguez y Anxo Quintana, por el BNG- salvó la continuidad de la Declaración de Barcelona, pero a costa de la cesión del PNV y la rebaja de sus objetivos en esta legislatura.
Programa común
El programa común aprobado para el próximo periodo parlamentario de sesiones se limita a reclamar la presencia de las nacionalidades en la Unesco; el reconocimiento como lenguas oficiales -con igual tratamiento que el castellano- del euskera, catalán y gallego en el Año Europeo de las Lenguas (2001); la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y que las monedas, sellos y documentos oficiales que se expidan en Euskadi, Cataluña y Galicia sean bilingües. En el resto de las cuestiones, los partidos nacionalistas tendrán manos libres para fijar su estrategia de alianzas.
Esta plataforma reivindicativa es negociable y asumible por el Ejecutivo frente a otras pretensiones de la Declaración de Barcelona que los nacionalistas orillaron ayer. Entre ellas, la reforma del Tribunal Constitucional, la desaparición de la circunscripción única nacional para las elecciones europeas o las selecciones deportivas de Euskadi, Cataluña y Galicia.
Detrás de este giro hay un choque de estrategias entre el PNV y CiU en el que terminaron por ceder los nacionalistas vascos. CiU, ante la mayoría absoluta del PP, pretende lograr una mejoría en la financiación autonómica, y en aras de ese objetivo no quiere dar la batalla frontal al Gobierno. Por ello, ha defendido la rebaja de objetivos y exigido otros asumibles. Al final de la reunión Josep Camps (CiU) aseguró: "No queremos frentes contra el Gobierno, sea del PP o del PSOE".
El PNV, que está por dar la batalla frontal al Gobierno, optó por no tirar de la cuerda hasta su ruptura y cedió a las pretensiones de CiU para mantener la plataforma conjunta de las formaciones nacionalistas que, entre otros objetivos, le sirve, fundamentalmente, para protegerse de la soledad política en que se encuentra frente al PP y el PSOE tras su apuesta abierta por el soberanismo.
Por un Estado plurinacional
La Declaración de Barcelona -suscrita en junio de 1998 por la mayoría de los partidos nacionalistas con la pretensión de convertir a España en un Estado plurinacional- contiene dos partes diferenciadas en sus reclamaciones. Una, "más dura", referente a las reformas institucionales del Estado, y otra, de perfil más suave, que trata de avanzar en la presencia cultural y lingüística de las nacionalidades -País Vasco, Cataluña y Galicia-.El acuerdo alcanzado ayer entre los responsables parlamentarios de CiU, PNV y BNG supone posponer las reclamaciones para la reforma institucional. Entre ellas, la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional, de tal manera que así como el Estado puede paralizar con un recurso las leyes de las comunidades autónomas, éstas puedan hacer lo mismo con la legislación del Estado. La reforma también pretende reforzar el contenido autonómico de la composición del Alto Tribunal. El portavoz peneuvista, Iñaki Anasagasti, manifestó hace un mes que esta demanda sería una de sus banderas en esta legislatura.
También decae como reclamación que los tribunales superiores de Justicia sean la última instancia judicial en las comunidades autónomas.
Otra de las exigencias que quedará para el futuro es la desaparición de la circunscripción única para las elecciones europeas y su sustitución por las de las comunidades.
La reforma del Estatuto de RTVE y de los consejos sectoriales (Consejo Económico y Social...) es otra de las reclamaciones que se aplaza.
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