El Tribunal de Cuentas cierra la investigación del 'caso Ercros' en contra del criterio del fiscal
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, tenía razón al afirmar el pasado martes en el Congreso que la investigación de ese organismo sobre el perdón de deudas de Ercros en 1998 iba a ser rápida. Ayer, el tribunal comunicó a las partes interesadas la decisión del consejero Antonio de la Rosa de no admitir la acción pública presentada por el PSOE en junio de 1998 para abrir un procedimiento de responsabilidad contable contra quienes, desde el Gobierno, decidieron perdonar a Ercros 8.500 millones de pesetas de un préstamo concedido por el ICO en 1994. El auto, que lleva fecha de 22 de junio, choca con la petición fiscal de investigar la condonación del préstamo tramitado por el Ministerio de Industria cuando lo dirigía Josep Piqué.
El fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos L. Cegama Fernández, en sendos escritos fechados el 5 de abril y 12 de mayo de este año, se había mostrado favorable a la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable y al nombramiento de un delegado instructor para investigar la condonación de deudas a Ercros.A la petición del fiscal se oponía el abogado del Estado porque, según manifestaba en su escrito, no se apreciaba "ni la existencia indiciaria de elementos de responsabilidad contable ni el suficiente grado de individualización".
En línea con este argumento, el consejero del Tribunal de Cuentas Antonio de la Rosa ha concluido que "de los hechos denunciados no se desprenden indicios de responsabilidad contable, puesto que no se produjo ilícito contable alguno ni en la adopción ni en la ejecución del acuerdo [de la Comisión Delegada del Gobierno de 4 junio de 1998]". El PSOE anunció ayer que recurrirá la decisión.
La condonación de deudas fue tramitada por el Ministerio de Industria, dirigido entonces por Josep Piqué, el 4 de junio de 1998. Piqué había sido presidente de Ercros hasta su nombramiento como ministro en 1996. Esta circunstancia provocó que la oposición -PSOE e IU- acusara al actual ministro de Exteriores de vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos al no haberse inhibido en un asunto que conocía directamente.
La oposición destacó que otros ministros, como el de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, o el de Agricultura en la época, Jesús Posada, sí se inhibieron formalmente cuando el Gobierno tomó decisiciones que afectaban directa o indirectamente a asuntos con los que tenían alguna relación.
Frente a las acusaciones, Piqué replicó que no había participado en las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno que aprobaron las medidas favorables a su antigua compañía. Pero la firma de Piqué, junto con las de los entonces ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, y de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, figura en el acta que dio cuenta de la condonación.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran que la posición que ha mantenido en este caso el fiscal del Tribunal de Cuentas no llegó a ser tratada en ninguna reunión con el jefe de todos los fiscales, Jesús Cardenal. A su vez, fuentes jurídicas del tribunal resaltaron el hecho de que se haya inadmitido la acción pública cuando existe una contraposición de criterios entre la abogacía del Estado -en contra de la admisión- y el ministerio fiscal -a favor-. En casos semejantes, aseguran, la decisión ha sido continuar las actuaciones. El caso Ercros está siendo investigado por el juzgado número 5 de Barcelona y por la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo se quedó con copia de las actuaciones practicadas hasta ahora en espera de las decisiones que adopten los juzgados ordinarios.
Una fecha polémica
El auto del consejero Antonio de la Rosa Alemany, en el que decide no admitir la acción pública presentada por los entonces diputados socialistas Antonio Cuevas, Javier Fernández y Ángel Martínez Sanjuán, está fechado el 22 de junio, cuatro días antes de que, a través de este periódico, se conociera la petición del fiscal del Tribunal de Cuentas, favorable a la investigación.Lo sorprendente, según uno de los denunciantes, Martínez Sanjuán, es que el presidente del tribunal, Ubaldo Nieto, que compareció en el Congreso el día 27, no conociera la decisión de uno de sus consejeros, tomada cinco días antes.
En los pasillos del Congreso, Nieto, además de pedir prudencia en el tratamiento del caso, explicó que todos los procedimientos de acción pública son muy lentos, pero aseguró que el referido a Ercros estaba "muy avanzado". En este sentido, auguró que la resolución sobre el polémico caso "no se va a alargar mucho".
Nieto, aseguró ayer Martínez Sanjuán, al no mencionar en su comparecencia en el Congreso que ya existía una decisión sobre el caso Ercros, "o lo ha querido tapar o no ha querido asumir responsabilidades".
"Es la culminación de una tomadura de pelo", añade Martínez Sanjuán, "que comenzó en 1998 con la continua petición por parte de Alemany de escritos y piezas separadas [la tramitación del caso ha durado dos años], que ha continuado hasta hoy".
Los demandantes de la acción pública, según Martínez Sanjuán, esperan que el fiscal del tribunal también recurra la decisión.
El auto atribuye el posible perjuicio al Gobierno socialista
El auto del consejero Antonio de la Rosa suscribe, en su esencia, todas las explicaciones que en su momento ofreció el ministro Josep Piqué para defender el perdón de deudas a Ercros. Así, De la Rosa afirma que la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno el 4 de junio de 1998 "no se trata de una condonación, sino de un rescate, y si finalmente la operación produjo un quebranto al ICO [Instituto de Crédito Oficial] no lo fue realmente en virtud del pago anticipado, sino a consecuencia de las condiciones en que se concedió el crédito en el momento de su otorgamiento, y que fueron fijadas el 13 de octubre de 1993 [bajo Gobierno socialista]".Además, puntualiza el escrito, "a la vista de los fines y funciones correspondientes al ICO, de su condición de entidad financiera y de su sometimiento en este particular a las normas del derecho privado, la asunción de pérdidas entra dentro de lo previsible".
La tesis de la responsabilidad en el caso del Gobierno socialista, que concedió el crédito a Ercros en 1994, también fue esgrimida el pasado lunes por el portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte.
Inhibición
El auto del consejero Antonio de la Rosa también alude a otro de los extremos mencionados en la acción pública: el hecho de que Piqué tramitara y no se inhibiera en una decisión que favorecía a la empresa que presidió hasta 1996. Pero zanja el asunto de forma contundente. "Se plantea un asunto de posible responsabilidad disciplinaria" y "debe decirse que este órgano de la jurisdicción contable carece de competencia no sólo para formular pronunciamiento alguno al particular, sino también para solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento sancionador establecido en dicha Ley tal como piden los ejercitantes de la acción, por lo que no puede tener favorable acogida dicha petición".
El auto del consejero del Tribunal de Cuentas, institución dependiente del Parlamento, impone el pago de las costas a los tres diputados que han ejercido la acción pública.
