El juez encarcela a cinco de los seis detenidos por el asalto al barrio gitano de Almoradí

El juez ha decretado prisión incondicional para cinco de los seis jóvenes detenidos como supuestos autores del asalto a la barriada gitana La Cruz de Galindo de Almoradí (Alicante) por centenares de manifestantes del pueblo, ocurrido el pasado día 20. El fiscal imputa a los arrestados como delito más grave el de incendio de casa habitada (se quemaron dos viviendas), además de los de alteración del orden público y daños contra la propiedad privada. El magistrado dejó en libertad a uno de los jóvenes implicados en los hechos por presentar una minusvalía psíquica.

Los seis jóvenes detenidos por su implicación directa en el ataque a las viviendas de la barriada tienen edades comprendidas entre 18 y 20 años y son amigos de Miguel Ángel Martínez. Éste joven, de 22 años, murió apuñalado supuestamente a manos de un residente en el barrio de LaCruz de Galindo. Este homicidio (el supuesto agresor fue detenido a las pocas horas) y el narcotráfico en esa zona fueron el motivo de un acto de protesta que terminó en asalto a las viviendas de este barrio habitado mayoritariamente por familias de etnia gitana.Los arrestados prestaron declaración ayer ante el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, Marcos de Alba, por espacio de ocho horas. En su auto, el magistrado decretó prisión incondicional para cinco de los seis detenidos por la gravedad del delito de incendio de casa habitada que les imputó el fiscal.

Una veintena de familiares y amigos de los jóvenes arrestados permanecieron concentrados a las puertas del juzgado durante la declaración. A la salida del juzgado, para ser conducidos al centro penitenciario de Fontcalent, los arrestados recibieron gritos de apoyo de sus familiares, al tiempo que éstos expresaban su malestar por la decisión del magistrado con insultos a las fuerzas del orden, los periodistas e incluso a los representantes políticos del pueblo.

Durante la espera, los familiares redactaron un comunicado en el que expresaron su repulsa por las detenciones. Para ellos, los hechos ocurridos el pasado día 20 "no son racistas ni xenófobos, como la mayoría de los medios de comunicación han querido detallar". A su juicio, las detenciones son "injustas, culpando a un reducido grupo de manifestantes del acto cometido". "La manifestación del pasado día 20 era pacífica y en contra de la droga, pero desencadenó en unos desgraciados acontecimientos", dice la nota. El comunicado de los familiares concluye con una crítica a los partidos políticos: "Todos los hechos se han politizado, intentando lavar la cara a los grupos políticos, que han mostrado estar a favor de los narcotraficantes, justificándose en que ha sido un hecho racista".

Una vez los arrestados fueron conducidos a la prisión, los familiares retornaron a Almoradí para concentarse en la plaza del Ayuntamiento, mientras una representación se entrevistaba con el alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP. En previsón de nuevos incidentes la Guardia Civil desplegó el dispostivo de seguridad que ha mantenido activo prácticamente desde que se produjo el asalto para evitar tanto nuevas agresiones a la barriada como incidentes entre vecinos y gitanos.

El ataque al enclave de La Cruz de Galindo, sito en el extrarradio de Almoradí, acarreó que la mayoría de los residentes gitanos abandonaran provisionalmente sus viviendas durante el pasado fin de semana. Tras la detenciones del domingo, retornaron a sus casas. El regreso fue masivo, salvo el de las dos familias, cuyas viviendas fueron quemadas. En la primera habitaba la familia del supuesto homicida del joven Miguel Ángel Martínez y, en la segunda, otra que, según los vecinos, es la responsable del narcotráfico de la zona.

Esta familia ha expresado al alcalde su deseo de salir del pueblo, si el Ayuntamiemto compra su vivienda. La posibilidad de que estos gitanos se establezcan en el barrio de Rabaloche, en la vecina localidad de Orihuela, ha conllevado las primeras protestas de los vecinos de esta segunda población, informa Pilar Girona. Unos 50 vecinos de esa barriada se concentraron también ayer a las puertas de los juzgados de Orihuela para solidarizarse con los detenidos y, más tarde, se entrevistaron con el alcalde, José Manuel Medina, del PP, para expresarle su rechazo a la posible llegada de esta familia gitana de Almoradí. Medina les contestó "que no se ha constado la llegada de esa familia a Orihuela".