Socialistas proponen intervenir las cajas que no se adapten a la ley
El vicesecretario general del PSOE andaluz, José Asenjo, aseguró ayer que "si de forma inmediata no se impone la razón y no hay nuevas asambleas en las cajas que no adaptaron sus estatutos a la nueva norma [El Monte, San Fernando y Caja de Jaén], se exige la intervención de la autoridad tutelante". El Banco de España y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, son los organismos encargados de esta tutela que podrían intervenir las entidades andaluzas, en cuyo caso se disolverían los órganos de gobierno y se nombraría un administrador.
Las asambleas de El Monte, San Fernando y la de Jaén han rechazado adaptar sus estatutos a la nueva ley pese a que el plazo para hacerlo acaba el jueves. Asenjo manifestó ayer a Efe que el Banco de España tiene capacidad para intervenir cuando hay riesgo para los recursos, ya que entiende que estas cajas "no pueden seguir en la alegalidad, se crea un problema de estabilidad y se ponen en riesgo los recursos de los ahorradores".Precisó que la Junta podría adaptar tales estatutos, que conllevan el inicio del proceso electoral para renovar los órganos de gobierno de las entidades cuyo mandato "está expirado completamente, por lo que se produce una situación de anormalidad y complica a las cajas", ante lo que cree que "la autoridad tiene que actuar y no quedar indiferente".
Explicó que cabe la posibilidad de imponer importantes sanciones económicas, ve "lógico" que dimitan los presidentes de las cajas cuyas asambleas no ratificaron la adaptación de estatutos y cree imposible ampliar el plazo de seis meses para presentar estas modificaciones.
Asenjo lamentó la actitud de "rebelión" del PP en este asunto e indicó que "las asambleas pueden discrepar sobre la forma de adaptar sus estatutos pero no pueden rechazarlo, es un imperativo legal".
El también consejero general de Unicaja, que el sábado fue la primera entidad que adaptó sus estatutos, prevé que esta caja abra su proceso electoral en septiembre tras aprobarse las modificaciones reglamentarias.
En sentido parecido se pronunció el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Romero, quien aseguró que las cajas que han rechazado adaptarse a la ley "se mueven en la alegalidad". Romero cree que la Junta de Andalucía debe dictar un decreto que las homologue de oficio ante "la situación de ilegalidad manifiesta al no adecuarse a los plazos previstos en la ley".
Por su parte, el secretario regional del PP, Antonio Sanz, insistió en que la negativa de las asambleas de tres cajas a adaptar sus estatutos a la ley de Cajas es un "claro fracaso personal y político" de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, por lo que volvió reclamar su dimisión. Para Sanz, Álvarez "debe pedirse responsabilidades a sí misma", porque ha apostado por la aprobación de los estatutos "y hay un claro fracaso y rechazo a su actitud soberbia y de prepotencia".
"El gran error del PSOE es no haber sido consciente de que era el momento de contar con una ley de Estado y ser tan inconsciente de hacer esta ley sin consenso ni diálogo previo", agregó Sanz, quien pidió al presidente de la Junta, Manuel Chaves, "una reacción inmediata para poner orden y cordura" en el proceso.
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