Los guerristas desoyen todas las llamadas a evitar la división del socialismo asturiano

La división existente en el PSOE asturiano se consumará hoy en la Cámara autonómica. Los guerristas, mayoritarios en su grupo parlamentario, derrotarán con la ayuda del PP a su propio Gobierno, presidido por Vicente Álvarez Areces, de la corriente renovadora, y sacarán adelante su Ley de Cajas de Ahorros, desoyendo los llamamientos de Manuel Chaves, José Bono o Rosa Díez al entendimiento. Su objetivo es obstaculizar que el sector de Álvarez Areces se haga en el futuro con el control del partido.

Los socialistas, que gobiernan el Principado con mayoría absoluta, escenificarán hoy su ruptura. Los 15 diputados guerristas, hegemónicos en su grupo, que totaliza 24 miembros, infligirán con la ayuda de los otros 15 del PP una derrota a su Gobierno, presidido por Vicente Álvarez Areces, al aprobar una proposición de ley sobre Cajas de Ahorros a la que éste se opone. Sus 30 votos serán suficientes en una Cámara con 45 escaños.La llamada al entendimiento por parte del presidente de la Comisión Política del PSOE, Manuel Chaves, que anteayer se dirigió por escrito al líder de la federación regional (FSA), Luis Martínez Noval, reiterándole que se parase la tramitación de la ley hasta llegar a un acuerdo, no ha surtido efecto.Tampoco las críticas a los guerristas de dos de los aspirantes a la secretaría general: José Bono, que ayer los calificó de "disidentes", y Rosa Díez, que les advirtió de su "gravísima responsabilidad".

También seis miembros de la comisión ejecutiva regional, 21 de los 63 secretarios locales de la formación y alrededor de un tercio de los alcaldes socialistas de la comunidad instaron sin éxito en las últimas horas a la convocatoria urgente de los órganos dirigentes para tratar de reconducir la situación.

Ya es seguro que los ocho diputados renovadores afines a Areces no participarán en la votación para no romper la disciplina de voto. Sin embargo, tanto si no acuden al Parlamento como si se ausentan en el momento en el que se efectúe quedará explícita la quiebra de la unidad socialista dos años después de las pavorosas desavenencias del PP, entonces gobernante, que abocaron al Principado a su mayor crisis institucional.

Por el control del partido

Hoy se producirá un hito. Nunca antes, en los 18 años en que el PSOE ha ocupado el Ejecutivo, se había producido una fractura tan manifiesta ni existen antecedentes de una ley tramitada por un grupo a espaldas y en contra de la opinión de su Gobierno ni de la derrota de éste por una facción mayoritaria de sus compañeros.

Lo cierto es que la tensión entre los presidentes socialistas del Principado y el sector hegemónico de su partido, guerrista, vertebrado alrededor de las agrupaciones mineras y que controla el 55% del partido, ha sido constante. La diferencia estriba ahora en la intensidad del enfrentamiento, en su prontitud -ayer se cumplieron 11 meses de la toma de posesión de Areces- y en su exhibición pública: las pugnas eran antes soterradas y se dirimían en los órganos internos.

La causa de que el sector oficial de la FSA y su Gobierno hayan llegado tan lejos en sus discrepancias obedece a que Areces, a diferencia de sus predecesores -Rafael Fernández, Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Antonio Trevín-, lidera una amplia facción, por más que esté en minoría. Los renovadores encabezan las comarcas siderúrgicas -Gijón y Avilés-, controlan un tercio de la FSA y aspiran a dominar el partido en el futuro.

Por esta razón el control de Cajastur por Areces se ha percibido desde el grupo mayoritario de la FSA con extrema desconfianza, ya que se interpreta como el primer baluarte de poder que el presidente pasaría a dominar en su intento por hacerse con la formación una vez que ya se hizo con el Ejecutivo. Así, la ley que hoy se aprobará arrebata a este último la representación del Principado en la Caja y la transfiere al Parlamento. Además, se limita el poder en la misma del Ayuntamiento de Gijón, también gobernado por afines a Areces, y se suprime su derecho histórico a su vicepresidencia.

El temor al control que pudiera ejercer Areces sobre la más importante institución financiera de Asturias explica que, tras su arrollador triunfo electoral de hace un año, la FSA defendiera a capa y espada y en contra de su criterio el mantenimiento en la presidencia de Cajastur de Manuel Menéndez, frontalmente enfrentado a Areces.

Menéndez, profesor universitario muy cercano a Martínez Noval y que fue nombrado para dicho cargo a instancias suyas en febrero de 1995 por el Ejecutivo de Trevín, mantuvo desde entonces una actitud de beligerancia contra Areces, vicepresidente de la Caja como regidor gijonés que era. Incluso acabó expulsándole al aplicarle seis meses antes de lo preceptivo, según una posterior sentencia judicial favorable a Areces, el límite máximo de ocho años de permanencia en sus órganos.

Con posterioridad, en 1996, un pacto entre el PP y el PSOE dio lugar a un decreto del Gobierno popular de Sergio Marqués suprimiendo ese tope para que Menéndez pudiera continuar en la Caja tras esos ocho años, pero se hurtó a Areces la posibilidad de beneficiarse de esa modificación legal.

Tras llegar al Gobierno, Areces solicitó al partido el relevo de Menéndez por falta de confianza y de sintonía entre ambos, pero los guerristas mantuvieron su respaldo a éste para que ejerciera de dique frente a la inocultable expansión del poderío de los renovadores. Por ello, agotada la vía del diálogo, Areces aprobó un decreto el pasado 16 de marzo por el que se restablecía la legalidad previa al decreto Marqués y se reinstauraba la limitación de los ocho años. Eso supuso el cese inmediato de Menéndez. Los guerristas y la dirección de la FSA interpretaron esa medida como un desafío de Areces al partido y reaccionaron con la proposición de ley que hoy se va a aprobar.

La mediación de la Comisión Política del PSOE y de sus máximos responsables, Chaves y Luis Pizarro, el 12 de abril y el pasado lunes, han sido inútiles: los guerristas aceleraron su tramitación para que la ley se pudiera aprobar en el actual periodo de sesiones, que termina el próximo día 30, y antes del congreso federal de julio.