La Fiscalía Anticorrupción decide investigar si las petroleras pactan el precio de la gasolina

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas para determinar si las petroleras pactan los precios de los carburantes en las gasolineras españolas. La investigación, para la que la Fiscalía ha pedido documentación al Servicio de la Competencia y a las compañías, fue decidida de oficio y es el paso previo, en el caso de que se confirme la existencia de irregularidades, para la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional. Repsol YPF rehusó hacer comentarios hasta no tener la notificación. Cepsa y BP señalaron que confían en que las diligencias sirvan para clarificar la situación.

La Fiscalía Anticorrupción estudia la posible existencia de un delito de fraude o estafa, que afectaría a múltiples perjudicados en toda España y por un importe de miles de millones de pesetas, lo que obviamente afecta a la economía nacional. Por ello, en el caso de que Anticorrupción decidiera ejercitar acciones penales, el asunto sería competencia de la Audiencia Nacional.La investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha sido decidida de oficio, es decir, por propia iniciativa del fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que ha contado con el visto bueno del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y debido a las informaciones que se iban publicando al respecto. La actuación de la Fiscalía no paraliza la del Tribunal de Defensa de la Competencia, aunque sí lo haría la presentación de una querella por estafa, ya que el Tribunal de Defensa de la Competencia es un organismo administrativo y la jurisdicción penal es prioritaria.

Anticorrupción ha solicitado al Servicio de Defensa de la Competencia la documentación que obra en su poder, ya que en la actualidad existen un total de cinco expedientes en curso por la posible concertación de los precios de los combustibles. Igualmente ha instado a las compañías petroleras investigadas a que le remitan una serie de documentación para su examen.

Fuentes de Repsol-YPF, que tiene una cuota de mercado del 45 %, rehusaron hacer comentarios hasta no tener notificación de las diligencias que, según sus portavoces, no se habían sido notificadas ayer, aunque subrayó que estarían dispuestos a colaborar en todo momento en la entrega de documentación. En anteriores ocasiones, Repsol-YPF ha negado la existencia de un pacto sobre los precios de los combustibles. La compañía que preside Alfonso Cortina considera que el hecho de que los precios de los carburantes no se diferencien de unas compañías a otras sólo puede ser atribuido a una situación de "liderazgo de precios". Agrega también que los márgenes comerciales son tan exiguos, que no pueden impedir las subidas del precio, que obededen a la repercusión de los aumentos sucesivos en el precio del crudo y a la debilidad del euro frente al dólar.

Cepsa, que cuenta con un 25,5 % de cuota de mercado, y BP, con el 9,3 %, señalaron que confían en que la investigación de la Fiscalía sirva para clarificar la situación y se demuestre que las petroleras no han efectuado en ningún momento políticas de concertación de precios.Ambas compañías criticaron que se hayan enterado de las diligencias abiertas por la prensa, puesto que la Fiscalía no les ha notificado nada.

Desde octubre de 1998, cuando se suprimió el sistema de precios máximos de los combustibles, éstos han subido alrededor de un 30%, el 8% en el último mes de mayo, mes en que se produjeron seeis incrementos. El coste actual de la gasolina sin plomo es de 139,90 pesetas por litro en la mayor parte de las gasolineras.El precio del gasóleo es de 113,90 pesetas por litro y de 149,90 el de la gasolina súper. Existe el precedente de la acusación a las compañía aéreas en abril de 1997, caso en el que la Fiscalía se personó y decidió, posteriormente, pedir el archivo por entener que la subida fue legal. Las compañías fueron multadas, en cualquier caso, por Competencia.

Vigilancia y críticas

El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afirmó ayer que el Gobierno mantiene una "actitud vigilante" para impedir la concertación de precios por parte de las petroleras, aunque eludió pronunciarse por la decisión de la Fiscalía. Mientras, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Jordi Sevilla, considera que la decisión de la Fiscalía "deja en evidencia a Rato y al Gobierno". Gaspar Llamazares (IU) calificó de positiva la actuación y criticó al Tribunal de Defensa de la Competencia por la falta de agilidad para evitar la concentración de precios.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), por su parte, anunció que tiene intención de comparecer, junto con las otras patronales del transporte, para aportar pruebas que demuestran la situación de oligopolio. José María Múgica, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguró que no hay ningún consumidor que no esté convencido de que ese pacto indemostrable existe.