Los socialistas descartan recurrir y aseguran que el auto otorga impunidad en la gestión del dinero público

El auto "rezuma sustancias del pasado más absolutamente fascista", constituye una "tropelía jurídica" y, con la excusa de evitar la judicialización de la política, lo que hace es "politizar la justicia". Los socialistas arremetieron ayer con dureza contra el auto del titular del Juzgado Número 3 de Paterna, Ignacio Wenceslao Luján, que el miércoles dictó el sobreseimiento provisional de la querella presentada el año pasado por el PSPV-PSOE contra seis directivos y antiguos altos cargos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito societario. Los socialistas acusaron a los dirigentes de RTVV de haber organizado una trama destinada a detraer recursos del ente público para desviarlos a varias empresas privadas.Para los socialistas, que intentaron, sin éxito, obtener del ente público información sobre diversas operaciones y contratos relacionados con los hechos denunciados, constituye "un atentado" al consejo de administración de RTVV y a la legitimidad de los diputados de las Cortes Valencianas que el auto diga que "por encima del derecho a la información que cualquier representante político tiene, está el derecho del que tiene que ofrecer la información a dudar del uso que se va a hacer de ella".

La gestora del PSPV decidió anoche no presentar recurso contra la decisión. "Queremos expresar nuestro desencanto y no vamos a seguir con recursos posteriores", señalaron, no sin mostrar su "profunda consternación" porque han "tratado de defender los intereses de la sociedad por encima de los del partido". Para los socialistas, la decisión del juez de Paterna supone un "grave precedente" porque sitúa a un órgano de una empresa pública, en referencia al consejo de administración de RTVV, "por encima de todo". Esta interpretación del juez otorgaría, según los socialistas, "plena discrecionalidad" a los directivos de todas las empresas públicas de la Generalitat, que escaparían así al control de la oposición. El auto supone, en definitiva, otorgar "impunidad total y absoluta en la gestión del dinero público".

"Decir que el capital público de una sociedad anónima hace que no sea una sociedad anónima, sino un ente administrativo me parece una tropelía jurídica", dijo el diputado socialista Andrés Perelló. "Si esto le basta al PP para entender que tiene la razón, administrará la justicia como quiera", indicó. "A mí, ni el PP, ni el presidente de la Generalitat, ni el director general de RTVV, ni el juez me van a negar jamás los derechos que creo que tengo reconocidos", añadió Perelló. "Y si un juez puede ponerlo en tela de juicio, estamos ante una situación predemocrática y ante un auto que rezuma sustancias del pasado más absolutamente fascista".

El diputado socialista descalificó el auto porque el juez lo ha dictado "ignorando el 75% de las pruebas periciales que se le han dado y se ha quedado sólo con los recortes de prensa y la alarma social". "No se puede decir que solamente hay como prueba la alarma social y quedarse tan descansado", dijo Andrés Perelló, quien añadió que, en cualquier caso, "no sería la primera vez que la alarma social es motivo de estudio jurídico o de agravante en cualquier sentencia".

Por su parte, el presidente de la gestora del PSPV-PSOE, Francisco Granados, que en su día redactó la querella, dijo que al instructor "le ha traicionado el subconsciente al hablar de la judicialización de la política, porque él incurre en una politización de la justicia". Según Granados, "ha sido un fallo freudiano del juez". El dirigente y abogado socialista rechazó el argumento del juez sobre la judicialización de la política. "La justicia está politizada; llevo 30 años como abogado y jamás he visto que la justicia haya dejado de estar politizada".