La Generalitat recurrirá contra el auto que suspende las normas lingüísticas de la Pompeu Fabra

El Gobierno de la Generalitat se pronunció ayer oficialmente y con rotundidad sobre la suspensión cautelar dictada por un juez de la normativa de fomento de la lengua catalana de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). El portavoz del Ejecutivo, Artur Mas, anunció la presentación de un recurso contra el auto judicial y lamentó que en éste se "cuestione un principio del Estatuto que dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán, aunque haya dos lenguas oficiales". El consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, lamentó el "eco" que esta cuestión encuentra en la judicatura.

En Madrid, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, rehusó pronunciarse alegando que el asunto merecía más tiempo que el que podía dedicarle en la conferencia de prensa que concedió tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, José María Aznar. Sin embargo, el presidente de la Generalitat quiso precisar que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, "pero sólo una propia, que es el catalán". "Quiero hablar con conocimiento de este asunto y lo haré en los próximos días", añadió. Pujol defendió la Ley de Política Lingüística porque, dijo, ha hecho progresar el catalán en la sociedad, pero aseguró que no discrimina al castellano. La Generalitat presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14 de Barcelona que suspende cautelarmente las "medidas para la regulación y el fomento del uso del catalán" en la UPF, el cual, a juicio de Mas, cuestiona el artículo 3 del Estatuto de Autonomía. En el auto, el juez Víctor Ribas considera que el reglamento "impone el uso preferente del catalán en la misma [la UPF] y en sus relaciones con terceros" y critica que se dé a esta lengua la consideración de "idioma oficial propio de la universidad".

"Nos tenemos que defender como Gobierno y también defender a la UPF", dijo el portavoz del Ejecutivo catalán. Mas anunció que "en el caso de que haya sentencias contra otras universidades, la actitud del Gobierno siempre será defender los reglamentos de usos lingüísticos de las universidades catalanas, que permiten que las dos lenguas coexistan". Según el consejero, "esto es algo que no sólo deben defender el Gobierno y las universidades, sino también todo el conjunto de la sociedad catalana".

El reglamento de la UPF es el segundo que la asociación Profesores para la Democracia, integrante de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal Quadras, consigue suspender. El primero fue el de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Del resto de las universidades públicas catalanas, sólo la de Barcelona (UB) se ha dotado de reglamento lingüístico, si bien fue con anterioridad a la Ley de Política Lingüística de 1998. Las universidades Autónoma (UAB) y de Girona (UdG) están en fase de elaborar un borrador.

El rector de la UPF, Enric Argullol, calificó ayer de "preocupante" que un juzgado cuestione el carácter de lengua propia del catalán. Argullol, que es catedrático de Derecho Administrativo, criticó la construcción gramatical del auto -"lleno de gerundios"-, definió el razonamiento del juez como "más exquisitamente político que jurídico" y aseguró que el auto "se construye con un planteamiento absoluta y directamente contrario al artículo 3 del Estatuto de Autonomía". El rector de la UPF aseguró que la decisión judicial no tendrá la más mínima influencia en la vida de la universidad. El 70% de las clases, dijo, se da en catalán y el 30% en castellano, sin que se haya registrado ningún tipo de conflicto lingüístico.

Más rotundo fue el consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, quien cree que es "evidente" que hay una ofensiva contra el uso del catalán en la Universidad; "los que hacen esta ofensiva lo están diciendo, y obviamente encuentran eco en el sector judicial", dijo el consejero en una entrevista radiofónica. Mas-Colell considera "desafortunado" que el judicial sea uno de los sectores donde "encuentran más eco" quienes se oponen a la normalización lingüística del catalán.

Desde el PSC, la diputada Montserrat Duch expresó la "preocupación" de su partido, que considera la normativa de la UPF "coherente" con la Ley de Política Lingüística.