Un informe de la FVMP establece que los ediles no cobren dividendos

El Ayuntamiento de Alicante no puede alegar desconocimiento sobre la presunta irregularidad de las pagas de beneficio que reciben los concejales que integran los consejos de administración de las empresas de capital mixto. En el último año, al menos en dos ocasiones le llegó información al respecto, sin que la institución reaccionara. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) dictaminó la incompatibilidad de esas pagas en febrero de 1999, y lo oficializó siete meses después.

En febrero de 1999, durante la celebración de la 7ª asamblea general extraordinaria de la FVMP, todos los partidos políticos valencianos aprobaron el llamado Pacto Local, que fija los criterios orientativos en las retribuciones de los cargos electos de los ayuntamientos valencianos. El punto quinto de ese documento, firmado por representantes del PP, PSPV, EU, Bloc y UV y del que se remitió copia a todas las instituciones y partidos en septiembre de ese mismo año, especifica que el desempeño del cargo público es incompatible con otras retribuciones con cargo a las administraciones públicas "y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes".Fue la fórmula adoptada por la FVMP, como antes hizo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para adaptar las retribuciones de alcaldes y concejales al articulado de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 1984, que prohíbe taxativamente a estos cargos cobrar cantidad alguna de las empresas mixtas a las que pertenecen, salvo dietas por asistencia a reuniones.

Pese a ello, las empresas mixtas Aguas Municipalizadas de Alicante y Emarasa han continuado con el reparto anual de una paga de beneficios a los cargos públicos, que asciende a 700.000 pesetas en la primera firma, y 400.000 en la segunda. Tanto el Ayuntamiento como la dirección de ambas mercantiles alegan "desconocimiento" de la normativa, y han encargado informes jurídicos para conocer si la ley es aplicable en este caso y si la percepción de los dividendos es irregular, en cuyo caso los ediles podrían verse obligados a devolver el dinero cobrado.

La resolución de la FVMP no es el único documento referido a la anómala situación que ahora ha desatado la polémica en el Ayuntamiento de Alicante. En diciembre del año pasado, el portavoz municipal del PSPV registró una moción, por vía de urgencia, en la que solicitaba la adhesión al Pacto Local, para hacer uso de su contenido, "en toda su extensión" y convertir en vinculantes las recomendaciones. Sin que se conozcan los motivos, esa moción ha sido aparcada sine die por el equipo de gobierno, y todavía no ha sido planteada en pleno ni informada por los técnicos municipales.

La asesoría jurídica del Grupo Aguas de Barcelona, empresa matriz de Aguas Municipalizadas y Emarasa, todavía no han encontrado una salida legal al conflicto planteado. Ambas compañías celebraron ayer consejos de administración, y decidieron no debatir el tema hasta conocer la opinión de los juristas. El PSPV y EU han solicitado la suspensión de las pagas de este año hasta que se resuelva su legalidad.