El Parlamento aprueba por unanimidad crear un grupo que estudie la violencia infantil y juvenil

Los cuatro grupos políticos de la Cámara acordaron ayer crear un grupo de trabajo, con la participación de expertos, para estudiar la violencia infantil y juvenil, en el seno de la comisión de Administraciones Públicas y Justicia. Aunque hubo unanimidad respecto al proyecto, a iniciativa de Izquierda Unida y PP, los andalucistas denunciaron "cierto alarmismo mediático" y la "lectura apocalíptica" del problema. Todos los portavoces coincidieron en que es necesario dotar con más recursos los centros escolares y apoyar a los profesores de enseñanza secundaria.

La percha de las intervenciones fue el dramático suceso de San Fernando (Cádiz), donde una niña fue asesinada supuestamente por dos amigas. Los cuatro portavoces quisieron dejar claro que no pretendían generalizar este caso tan dramático, aunque sí analizar a fondo un fenómeno que cada vez preocupa más a la sociedad, con la participación de especialistas, los propios jóvenes y sus padres.Concha Caballero (IU), una de las ponentes de la iniciativa, lanzó al aire varias propuestas. En primer lugar, impulsar modificaciones legales para impedir que los medios de comunicación puedan pagar exclusivas millonarias a los autores de agresiones por relatar los hechos, como ha ocurrido en EE UU, así como acordar con los medios un tratamiento informativo adecuado, de manera que los protagonistas no aparezcan como héroes.

Caballero insistió en la necesidad de vigilar la programación infantil y juvenil de las televisiones, especialmente en Canal Sur, donde, según denunció, "se compran y se emiten series desechadas en otros países por su contenido violento y competitivo". Además, reclamó planes de inserción juvenil, un teléfono de asistencia y consultas para los padres "que están educando a tientas" y, sobre todo, más apoyo a los profesores de enseñanza secundaria. "Mi grupo siempre ha estado de acuerdo con la universalización de los derechos", dijo en referencia a la escolarización obligatoria hasta los 16 años, "pero con medios, de nada vale si no se cuenta con recursos".

La diputada citó el informe del Defensor del Pueblo Andaluz que alerta de las conductas antisociales que proliferan en este tramo educativo, y la actitud de los padres, quienes en un 90% de los casos, aseguró, justifican el comportamiento de sus hijos.

Ana Corredera, portavoz del PP, cuya propuesta era idéntica a la IU, coincidió con el análisis de Caballero, aunque dijo que antes de elevar propuestas es más lógico esperar a las conclusiones del grupo de trabajo. Corredera subrayó el importante papel de la familia como elemento formativo. "Hasta ahora se estaba acostumbrado a que fuera la mujer la que cuidara de niños y ancianos, esto ya no va a ser así y hay que repartir las responsabilidades y las tareas".

La portavoz del PSOE, Carmen Peñalver, dijo que las instituciones deben racionalizar la alarma social: "No restar importancia a los hechos, pero tampoco criminalizar a los jóvenes". Peñalver recordó que nunca han existido tantos movimientos solidarios como ahora y que si se comparan con los sucesos violentos, éstos alcanzarían la categoría de "anecdóticos". Por último advirtió de que cuando se ponga en marcha la justicia juvenil, si no hay financiación será una bomba de relojería.