El proyecto de ley fija los precios máximos que podrán cobrar las residencias de ancianos públicas y concertadas

VIENE DE LA PÁGINA 1 La vigente normativa, que data de 1997, contemplaba el llamado "reconocimiento de deuda" que el anciano o su representante legal firmaban. Sin embargo, la práctica ha puesto de manifiesto la aparición de dificultades insalvables con los herederos, que invocaban la nulidad o el desconocimiento de la misma para no satisfacerla. La única vía de reclamación la han constituido largos y costosos procesos ante los tribunales civiles.

A partir de ahora, los mayores, al solicitar una plaza en una residencia, sea pública, concertada, o privada, si reciben ayudas de la administración, deberán constituir garantías personales o reales para asegurar el cobro de la deuda, que se considerará como un ingreso de derecho público, es decir, una deuda fiscal más que podrá ser reclamada por vías ejecutivas de apremio.

La deuda se genera porque el Ejecutivo abona la diferencia entre el costo real de la plaza y lo que el usuario paga al mes en función de su pensión. Para evitar otra posible modalidad de fraude, la ley tendrá en cuenta el patrimonio que tenía el usuario cinco años antes del inicio de la prestación. La deuda será exigible cuanto haya cesado la prestación del servicio, si bien se suspenderá cuando la garantía se hubiera constituido sobre una vivienda que sea el domicilio único del cónyuge, de los hijos que no formen otra unidad familiar o de terceros cuya necesidad sea valorada por las autoridades sociales.

Fondos de inversión y de pensiones, seguros de vida, objetos de arte, antigüedades, joyas, bienes rústicos y urbanos; sobre cualquiera de estas garantías podrá actuar la Administración para percibir la deuda generada.

En el mismo proyecto de ley, el Ejecutivo de UPN ha fijado los precios máximos que regirán en sus propios centros y en los concertados. Estos varían entre las 70.680 pesetas mensuales para la atención en un centro de día, a las 176.700 pesetas de una plaza de asistido, pasando por las 106.020 mensuales de una plaza de válido. Las ayudas públicas para ancianos atendidos en residencias privadas oscilarán entre las 113.000 pesetas en el caso de plazas de asistidos, a las 49.476 pesetas en el caso de plazas de válidos. Estas ayudas se concedían hasta ahora a fondo perdido, pero con el nuevo proyecto también deberán ser reintegradas, si el anciano posee patrimonio suficiente para ello.