Mayor Oreja pretende que la estancia ilegal en España sea motivo de expulsión

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, rompió ayer el silencio del Gobierno sobre el sentido de la reforma de la Ley de Extranjería y desveló, en declaraciones al programa de Antena 3 El primer café, algunos de los principales cambios que el Ejecutivo piensa introducir en la actual ley. Según el titular de Interior, la reforma prevista permitirá que la estancia ilegal en España se convierta en motivo de expulsión, una medida inviable con la normativa que rige desde el pasado febrero, tras su aprobación en diciembre en el Parlamento, con el apoyo de todos los grupos menos el PP.El Gobierno también modificará los procedimientos de regulación de inmigrantes. El texto que estudiará el Consejo de Ministros el 30 de junio pretende aumentar de dos a cinco años el periodo mínimo necesario para conseguir el permiso de residencia. "Sólo dos años de empadronamiento, que es lo que hoy establece la ley, no nos parece lo más ajustado", explicó Mayor Oreja.

En cuanto a los visados para entrar en España, el Ejecutivo es partidario de eliminar la posibilidad de recurso judicial cuando se le deniegue al solicitante. Para ello, Mayor propone que la concesión del visado sea "una potestad administrativa" que no dependa de decisiones judiciales. Actualmente, la denegación de los visados debe estar acompañada de una explicación e indicar los recursos que se pueden interponer contra la decisión del Gobierno, como sucede en la mayoría de las decisiones administrativas.

Uno de los principales cometidos de la reforma es distinguir al extranjero que tiene papeles del que carece de ellos. El objetivo final consiste en "que el inmigrante regular tenga casi los mismos derechos que el nacional". En palabras del ministro, "es indispensable que haya una frontera más clara, porque si no, se estará fomentando la inmigración irregular". Este aspecto modificará sustancialmente la situación actual. La Ley de Extranjería sólo reconoce dos tipos de inmigrantes: los residentes, que disponen de documentación en regla, y "los que se encuentran en España", una categoría que engloba a todos los demás, independientemente de su situación legal.

Igualdad de derechos

Una versión más dulcificada de la reforma es la que ofreció ayer en Oviedo el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, según informa Javier Cuartas. Fernández-Miranda aseguró que el texto que prepara el Gobierno reconocerá a los inmigrantes los mismos derechos que a los ciudadanos españoles en materia de educación, sanidad y vivienda: "Los extranjeros e inmigrantes son personas y titulares de derechos, y por tanto los residentes, los que vayan a estar con nosotros van a tener los mismos derechos que tienen los españoles en educación y sanidad, sin ninguna distinción".

Añadió que la ley tiene vocación de durar, por lo que el Ejecutivo buscará el mayor consenso posible con las demás fuerzas políticas. Fernández-Miranda comienza hoy la ronda de negociaciones con los grupos parlamentarios sobre el borrador de la nueva ley.