La CMT obliga a Telefónica a anular los planes especiales de descuento para grupos de empresas
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha ordenado a Telefónica que cese en la aplicación y comercialización de descuentos especiales para colectivos profesionales y grupos de empresas. La CMT, que actúa a instancias de una denuncia de Retevisión, considera que estas prácticas constituyen una "discriminación anticompetitiva" a favor de clientes elegidos y una barrera de entrada a nuevos operadores. La resolución del regulador, adscrito al Ministerio de Economía, recuerda que Telefónica debe someterse al régimen de precios autorizados.
Retevisión denunció el pasado mes de septiembre a Telefónica ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), acusándola de "abuso de posición de dominio en el mercado" y de "fraude de ley" por valerse del uso de la categoría de grupo cerrado de usuarios para eludir el régimen de precios impuesto por el Gobierno e impedir la competencia de otras operadoras. La denuncia se basa en los planes de descuentos especiales -en algunos casos superan el 50% respecto a la tarifa oficial para llamadas de larga distancia nacionales e internacionales- que Telefónica tiene aún vigentes con organizaciones empresariales de Cataluña y La Rioja (PIMEC-SEFES, CECOT, FER y AEMT). Durante el proceso salieron a relucir otros planes especiales de Telefónica para la federación de empresarios de Toledo, la CEOE-CEPYME de Cantabria y la Red Corporativa Empresarial de Fuenlabrada (Madrid). Además, mientras se tramitaba la denuncia, la Agrupación de Operadores de Cable (AOC) presentó otra demanda en la que achacaba a Telefónica las mismas prácticas anticompetitivas mediante ofertas dirigidas a asociaciones de empresas de Asturias, Castilla y León y Galicia.
La resolución de la CMT, aprobada en el último consejo del órgano regulador, reconoce que los planes especiales a grupos empresariales suponen una discriminación anticompetitiva para otro tipo de clientes e incluso para empresas no adscritas a los colectivos elegidos. Señala, además, que estas prácticas "suponen una vulneración del régimen de precios previstos por el regulador para los servicios de telefonía que en el segmento empresarial preste Telefónica".
La sentencia resuelve que la empresa presidida por Juan Villalonga "deberá cesar en la oferta y aplicación de los descuentos" para estos colectivos y obliga a la operadora a la "aplicación de las tarifas aprobadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos". El texto de la resolución subraya: "Entre las herramientas de las que puede valerse el operador [Telefónica] a la hora de tomar posiciones en el actual entorno liberalizado, la política de precios y descuentos resulta ser particularmente importante".
En principio, la sentencia significa que Telefónica debería cesar en la comercialización de todos los planes especiales de descuento que actualmente está ofertando a colectivos profesionales y particulares distintos a los conocidos como Plan Negocio Total, Plan Negocio Destino y MegaVip. La operadora rehusó pronunciarse ayer sobre el contenido de la resolución.
Cambio de móvil
Por otro lado, el órgano regulador ha aprobado una resolución en la que establece el 8 de octubre como fecha a partir de la que los usuarios podrán cambiar de operadora de móviles (Telefónica Móvil, Airtel y Amena) sin perder el número que tienen asignado. La CMT aprobó en su último consejo las normas técnicas aplicables a la conservación del número móvil, que tendrán que estar implantadas por las operadoras antes del 22 de agosto.
En otro frente de conflicto en el sector, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, aseguró ayer que el proceso para la concesión de cuatro licencias de telefonía móvil multimedia (UMTS) "fue claramente transparente". Birulés salió así al paso del recurso presentado en la Audiencia Nacional por Uni2, controlada por France Télécom, contra la orden ministerial del 13 de marzo que concedió las licencias a Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera. La operadora considera en el recurso que se produjeron irregularidades en el sistema de concesión y que el proceso fue poco transparente, por lo que pide que se anule el resultado y se clarifiquen los criterios por los que se realizaron las concesiones.
