El Tribunal de Cuentas ve anomalías en la contratación regional de 1997

El Tribunal de Cuentas remitió ayer a la Asamblea de Madrid el informe sobre la gestión del presupuesto regional de 1997 por parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Los auditores no hallaron ningún motivo de alarma importante en el gasto del dinero público. Tan sólo apuntaron una decena de anomalías en la contratación. Entre las críticas del tribunal figura el hecho de que el Gobierno regional emplee poco el mecanismo de la subasta (el más económico) en sus contratos.

Sólo el 1% de la contratación de la Comunidad se hizo por subasta, consiguiendo una baja media del 33% y un ahorro para la Administración de 493 millones. El Tribunal de Cuentas reprocha a la Administración regional "la escasa utilización de esta forma de contratación, que permite la obtención de las mayores bajas".Critica el Tribunal de Cuentas que el Instituto de la Vivienda de Madrid desestimara en un concurso de 1997 las ofertas de empresas que ofrecían la construcción de 82 viviendas a un precio muy inferior al de sus competidoras sin concederles la posibilidad de explicar las causas de esas tarifas tan bajas.

La Consejería de Obras Públicas aceleró tanto los concursos de carreteras que adjudicó los trabajos antes de que pudieran ejecutarse, pues no disponía de los terrenos. Los auditores no encontraron ninguna justificación para determinadas modificaciones de obras.

En un contrato publicitario adjudicado por el Instituto Madrileño de Desarrollo para una campaña de promoción de la Comunidad de Madrid en 150 millones de pesetas, el Tribunal de Cuentas descubrió que el pliego de condiciones no establecía plazo de ejecución, lo que es ilegal, y sólo señalaba su finalización (31 de diciembre de 1997), que no se correspondió con la fecha establecida en la firma del contrato (abril de 1998).

El Tribunal de Cuentas afirma que no se tiene "adecuado conocimiento de la situación patrimonial" de la Comunidad debido "a la falta de implantación del Plan General de Contabilidad Pública", una crítica que se mantiene en los últimos informes de la institución estatal. De hecho, el Gobierno regional no facilitó "la relación completa de los bienes que componen el Inventario General de Bienes de la Comunidad" y además "los registros facilitados con relación al inmovilizado financiero no son completos".

Racionalidad del gasto

"La inexistencia de un adecuado sistema de indicadores impide la evaluación de la racionalidad de la ejecución del gasto público basada en criterios de eficacia y economía", según el Tribunal de Cuentas.

Los derechos de recargo sobre el impuesto de actividades económicas (793 millones de pesetas) son sólo estimaciones, "por lo que no puede afirmarse que correspondan al importe efectivamente adeudado por los gestores del recargo".

El Tribunal de Cuentas echa en cara al Gobierno regional que "las conciliaciones entre los registros contables y los bancarios de las cuentas de tesorería no son completas". De hecho, dos entidades bancarias rehusaron dar los datos de 208 cuentas y "sólo se facilitó el correspondiente extracto bancario de 172 de ellas", lo que impide al tribunal "pronunciarse acerca de la representatividad de los saldos contables de la Tesorería General".

Los auditores públicos afirman que "figuran indebidamente como derechos pendientes de cobro" 298.000 millones de pesetas, así como otros 286.000 millones en obligaciones. Por ello, el déficit contable "no debería ser de 86.000 millones", tal y como afirma el Gobierno regional, sino de 100.858 millones.

Las cuentas de los organismos autónomos también tienen deficiencias, según los auditores. El Gobierno no fue capaz de justificar "la totalidad de los derechos pendientes de cobro" del Servicio Regional de Bienestar Social (512 millones), del Servicio Regional de Salud (44 millones) ni del Instituto Madrileño para el Deporte (51). Tampoco la contabilización del impuesto del valor añadido del Consorcio Regional de Transportes y del Instituto Madrileño para el Deporte es la adecuada.

Manuel Cobo, consejero de Hacienda y Presidencia de la Comunidad, asegura que el informe emitido por el Tribunal de Cuentas "es el mejor en la historia" de la Administración regional. "Las pocas críticas por el Tribunal de Cuentas no representan ni el 0,1% del estudio que ha remitido esta institución. Incluso hemos logrado subsanar la mayoría de las pequeñas anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 1996".