Rato negocia su plan para contener la inflación con los sectores más cerrados a la competencia

La subida de los precios de las gasolinas ha encendido la mecha, pero no es ésta la única causa de la inflación en España. Existen otros cuellos de botella, sobre todo en los sectores de la electricidad, gas, distribución comercial, suelo, telefonía local, servicios profesionales y farmacias. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, negocia estos días con los representates de estos sectores su plan de choque contra la inflación, que probablemente se aprobará esta misma semana. Mañana se conocerá el IPC de mayo, que superará el 3% por primera vez desde diciembre de 1996.

Durante los últimos días, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se ha entrevistado con los representantes de los sectores afectados para comunicarles algunas de las medidas en estudio. El abanico es muy amplio, pero todo indica que, a diferencia del pasado año, se intentará abordar el problema de la inflación no a golpe de rebajas de tarifas, sino con reformas estructurales de calado. Ahora el clima político ha cambiado y el Gobierno ya no tiene que hacer pactos políticos para garantizarse el apoyo parlamentario. Además, el ministerio que dirige Rodrigo Rato ha asumido todas las competencias en materia de energía, el sector con menos libertad de oferta, y en telecomunicaciones tras la última reorganización ministerial.

Hay por todo ello una gran expectación sobre el alcance de las reformas que, probablemente, se aprobarán este viernes. Mañana se conocerá el IPC del mes de mayo y sólo un milagro podría mantener la inflación en el 3%, el nivel en que se encontraba en abril respecto de un año antes.

En mayo pasado, el precio de las gasolinas se ha disparado -un 5,6% en el caso de la gasolina súper- pero no es ésta la única causa de que que la inflación en España supere en 1,1 puntos la media de los demás países del euro. Existen todavía graves problemas de competencia en los siguientes sectores:

- Gasolinas. La falta de competencia del mercado español de carburantes se centra en que sólo tres empresas (Repsol, Cepsa y BP) se comen casi todo el mercado. Éstas controlan además la red de almacenaje y distribución, e imponen a los gasolineros contratos de exclusividad de al menos 10 años. A pesar de que existen 30 operadores en el sector, sin contar a los hipermercados, de las 7.600 estaciones de servicio, 5.500 abanderan las marcas Repsol, Cepsa y BP (45%, 25% y 10%, respectivamente, de cuota de mercado). Estas mismas empresas son los accionistas principales de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el antiguo monopolio estatal de oleoductos. El Gobierno quiere aumentar el número de gasolineras, ceñir los contratos de exclusividad a cinco años como ha establecido la UE, además de facilitar la venta en hipermercados. Existe libertad de precios desde 1998.

- Gas. Es el monopolio por excelencia, con su centro de operaciones en Cataluña. Hasta ahora, el sector ha resistido todos los intentos de liberalización por parte del Gobierno durante la pasada legislatura, dada la oposición sistemática de CiU. Una sola compañía, Gas Natural, es la suministradora exclusiva, y cuenta además con la red de distribución de Enagás, que el Gobierno quiere abrir ahora a otros operadores. Las tarifas están reguladas por el Ministerio de Economía.

- Electricidad. Es otro ejemplo de concentración empresarial, ya que sólo cuatro empresas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) controlan todo el mercado. Los consumidores domésticos no pueden elegir en la actualidad compañía eléctrica, posibilidad que está prevista en 2007. Sin embargo, el Gobierno quiere adelantar esta apertura del mercado al año 2002. Las empresas podrán elegir libremente suministrador ya en julio de este año. Las tarifas también están reguladas por el Gobierno.

- Suelo. El alto precio del suelo es el detonante del espectacular encarecimiento de las viviendas de los últimos años. La causa es su escasez, sobre todo en determinadas zonas de las grandes urbes, acentuada por los engorrosos trámites de calificación necesarios para que un terreno pueda ser utilizado. Tampoco aquí es fácil abordar una liberalización, ya que prácticamente todas las competencias están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno estudia reducir del 15% actual hasta el 10% la cesión obligatoria de suelo que se ha de hacer a los ayuntamientos cada vez que se emprende un proyecto urbanístico. Con ello se persigue sacar más suelo al mercado y abaratar su precio, si bien esto mermaría la financiación muncipal, lo que exigiría compensación por otras vías.

- Horarios comerciales. La legislación sobre horarios comerciales en España da todo el poder a las comunidades a partir de un mínimo de ocho domingos de apertura al año. Con vistas al año próximo existe el compromiso, por ley, de revisar este baremo, y el Gobierno quiere ampliarlo. Se acogerá a la potestad que le da la Constitución para rebasar algunas competencias de las comunidades por razones de interés general. Además, las comunidades tienen capacidad para vetar la instalación de nuevos hipermercados y sólo pueden aprobar dos campañas de rebajas al año, con un calendario que deciden las propias comunidades.

- Teléfonos.Es el sector donde más se ha abierto la competencia en los últimos años. Pero queda aún la parte del león, es decir, la liberalización de las llamadas locales, que el Gobierno quiere abordar de inmediato para romper así el monopolio de Telefónica. También se propone aprobar la tarifa plana [un precio fijo a cambio de la disponibilidad de la red sin límite de tiempo] para Internet y otro tipo de llamadas dentro del paquete de medidas que se aprobará esta semana. El Gobierno va a imponer el próximo agosto a Telefónica un régimen de precios máximos.