Sisas públicas
La Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante acumula en los últimos años un expediente nada aleccionador, que empieza a sembrar las dudas entre los ciudadanos acerca de la honestidad del servicio. Un total de ocho funcionarios de este organismo han visitado en los dos últimos años los tribunales por su implicación en fraudes y estafas relacionadas con la concesión de permisos de conducir, traspasos y transferencias de vehículos y cobro ilícito de subvenciones oficiales. Uno de ellos ya fue condenado, y el resto están imputados por un juzgado que investiga un fraude descubierto hace unos meses. Las corruptelas ("pequeñas sisas", como las define el juez Manrique Tejada, que instruye el último caso) se remontan varios años atrás, y aunque su volumen individualizado es de escasa cuantía, en global alcanzan la valoración de millonarias. La Guardia Civil achaca a "la falta control" interno de la Jefatura, cuya dirección ocupa desde hace más de 10 años Alfonso Guerrero, el origen de estos grupos organizados.Cuando aún no se habían apagado los ecos del primer caso de corrupción, otro fraude, éste de mayor envergadura tanto por el número de implicados en la red como por el volumen final de la estafa, convulsionó al organismo. La Guardia Civil, en colaboración con el juzgado, inició en febrero la desarticulación de un grupo organizado de estafadores mediante traspasos de vehículos robados o importados, transferencias ilegales de vehículos y cobro indebido de subvenciones oficiales de Plan Renove, falsificando la antigüedad de los coches.
Como resultado de la operación, que el instituto armado denominó Buga, los agentes pusieron a disposición del juez instructor hasta 25 personas, siete de ellas funcionarios de Tráfico y el resto empleados de gestorías, asesores, gerentes de locales comerciales del ramo del automóvil y propietarios de talleres de desguaces, donde se falsificaban los bastidores y matrículas de los autos. Finalmente, el juez ha imputado únicamente a 19 personas, entre ellas los siete empleados públicos, a los que acusa de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y contra la salud pública. Todos están en libertad provisional, ya que los tres que inicialmente ingresaron en prisión han sido excarcelados. "Se decretó su prisión como medida cautelar, para que no interfirieran en la investigación", precisa el magistrado.
La investigación policial comenzó al tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de transferencias irregulares de vehículos realizadas en la Jefatura de Tráfico de Alicante. Las primeras pesquisas confirmaron la sospecha de que un funcionario facilitaba la tramitación de los documentos falsos a cambio de dinero y, en algunos casos, de estupefacientes. Más adelante se confirmó que la transmisión de los documentos la realizaba un conserje de la Jefatura, y que en la trama estaban implicados otros compañeros que mantenían contactos periódicos con personas relacionadas con gestorías, asesorías y desguaces que, a cambio de cantidades que oscilaban entre las 50.000 y las 100.000 pesetas, en función del trámite, ejecutaban las operaciones sin reunir los requisitos legales.
Carnés falsos
El primer caso de corrupción descubierto en la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante se remonta a los años 1995 y 1996, cuando un funcionario de ese departamento, en connivencia con otros tres individuos ajenos a la Jefatura, tramitó una treintena de carnés de conducir falsos a otros tantos ciudadanos chicos, inmigrantes a los que estafaban con el cobro de cantidades que oscilan entre las 50.000 y las 300.000 pesetas. El caso se substanció judicialmente, en octubre de 1999, cuando la Audiencia Provincial de Alicante juzgó al funcionario y los otros tres procesados por este asunto.
El empleado público reconoció los hechos que se le imputaban y eludió la cárcel al no superar los dos años de prisión las penas de cada uno de los delitos de estafa y cohecho por los que fue condenado por el tribunal.
