Un informe jurídico aconseja a Alonso actuar contra la operación de Gordo en San Prudencio

Los servicios jurídicos municipales de Vitoria han elaborado un informe en el que se aprecia que el Ayuntamiento salió perjudicado en la operación de venta del edificio que ocupa en el número 30 de la calle San Prudencio. El consistorio, que paga anualmente un alquiler de 75,7 millones, no tuvo opción a ejercer el derecho de tanteo, como establece la ley. La entidad de pensiones Juan de Urrutia (de Iberdrola) vendió el inmueble al empresario José Antonio Gordo por 1.045 millones. El Ayuntamiento pagará 1.500 durante los 20 años que dura el contrato de alquiler.

A raíz de las informaciones que a partir del 14 de mayo desvelaron las operaciones dudosas de José Antonio Gordo y sus socios relacionadas con inmuebles de la Caja Vital, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, encargó un estudio al departamento municipal de Hacienda para comprobar si el Ayuntamiento resultó perjudicado en la compraventa del edificio de San Prudencio. La Vital vendió en 1996 el inmueble a la caja de pensiones Juan de Urrutia por 800 millones (dos años antes se había tasado en 1.394 millones), aunque al efectuarse el pago fraccionado el precio se redujo a 667 millones. Poco antes la Caja Vital ofreció al Ayuntamiento la venta por 900 millones, pero éste declinó la oferta. Sin embargo, sí aceptó poco después alquilar el edificio. Recientemente, lo han comprado en dos plazos, y por 1.045 millones, José Antonio Gordo y su socio Javier Sáenz de Valluerca -el autor de la tasación del edificio en 1994-.

El informe municipal de Hacienda ya apreció irregularidades en la operación. Por eso se pidió otro estudio de los servicios jurídicos. En éste, se aconseja que el Ayuntamiento "defienda sus derechos", según comentó ayer el alcalde. Aunque no quiso concretar más detalles, se refería al derecho de tanteo que tiene garantizado por la ley de alquileres como inquilino, de modo que cuando la caja de pensiones Juan de Urrutia vendió el edificio a Gordo debió consultar antes al consistorio y hacerle partícipe en la operación. Alonso anunció ayer que emprenderá "acciones concretas", aunque de momento no se plantea recurrir a los tribunales. En un principio, tratará de buscar una solución amistosa y, sólo en caso de no ver satisfechas sus reivindicaciones, utilizará la vía judicial.

El alcalde volvió a defender la actuación del anterior equipo de gobierno en este asunto y justificó el hecho de que en su día el Ayuntamiento desechara comprar el inmueble por 900 millones, a pesar de que en el total de los 20 años de vigencia del contrato de alquiler pagará más de 1.500. "En su momento no interesó la compra en aquellas condiciones, porque en la primera oferta nos pedían abandonar las oficinas de la calle Dato y el Ayuntamiento necesitaba los dos edificios", comentó Alonso.