Los problemas de Suárez.

Jesús Sancho Rof, uno de los 40 ministros de Adolfo Suárez que ha firmado y afirmado su solidaridad con el ex presidente centrista frente a los pretendidos ataques de Felipe González a propósito de la elaboración de la Constitución, fue precisamente uno de quienes plantearon problemas a Suárez desde dentro de la Unión de Centro Democrático (UCD) durante la elaboración de la Norma Fundamental.Quienes fuimos testigos independientes de aquel proceso constituyente podemos levantar acta de la resistencia centrista -y no digamos del rechazo de Alianza Popular (AP)- a la abolición de la pena de muerte, a garantizar unos derechos fundamentales pujantes, a abrir la puerta al divorcio, a admitir el derecho de huelga, a reconocer el derecho a la autonomía de las nacionalidades...

Uno de los momentos más tensos y preocupantes para el consenso constitucional que deseaba Suárez tuvo como protagonista la llamada enmienda Sancho Rof, presentada por el entonces subsecretario de Interior -con la conformidad, según se supo después, del ministro, Rodolfo Martín Villa, otro de los 40-, quien el 17 de mayo de 1978, a última hora de la tarde, propuso a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una enmienda in voce mediante la que pretendía que, a continuación de la proclamación del derecho a la libertad personal y a la duración máxima de 72 horas para la detención preventiva, se dijera lo siguiente: "...salvo que una ley determine otra cosa a fin de garantizar la seguridad pública y los derechos y libertades reconocidos en la Constitución".

Sancho Rof defendió que la Constitución debía establecer la posibilidad de dictar medidas excepcionales antiterroristas y anunció que propondría también la modificación del derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia. La enmienda, no discutida previamente ni siquiera en el seno de UCD y que había salido del Ministerio del Interior "hace tres horas", según aseguró en los pasillos el diputado Óscar Alzaga, creó problemas a Suárez.

El ponente socialista Gregorio Peces-Barba expresó su tristeza como ciudadano, como abogado y como estudioso de los derechos humanos y planteó la dificultad de que, en caso de prosperar ese texto, el PSOE diera su voto positivo al conjunto de la Constitución.

El propio Felipe González exigió que UCD retirara o mantuviera definitivamente la enmienda. Sancho Rof retiró su " literalidad", pero anticipó que volvería a la carga, ante lo que González advirtió de que su partido podría redactar 300 enmiendas in voce al resto del proyecto de Constitución y anunció muy seriamente: "El consenso ha quedado roto".

Suárez tuvo que afanarse en la recomposición de aquel consenso con la izquierda y los nacionalistas mientras en el sector más derechista de UCD, Alfonso Osorio -otro de los 40 ministros solidarios, hoy, con Suárez- y los demócratacristianos acusaban al presidente del Gobierno centrista de falta de iniciativa e intrigaban contra él.

En lugar de impresionarse por las resistencias internas, Suárez trabajó en favor del consenso constitucional y, como herramienta, sustituyó en UCD al inicial tándem Landelino Lavilla-Miguel Herrero por Fernando Abril-José Pedro Pérez Llorca a fin de incorporar definitivamente al PSOE al proceso constituyente.

Otro motivo que suscitó la irritación de Suárez con algunos de sus ahora solidarios ex ministros fue el debate sobre la abolición de la pena de muerte. A pesar de que Suárez no se había opuesto a constitucionalizar la abolición, Herrero consiguió que en la Comisión Constitucional no prosperara.

Los libros y el diario de sesiones del Congreso de los Diputados recogen la energía con que el diputado González refutó las tesis pretendidamente abolicionistas de UCD, esgrimidas por Miguel Herrero, quien decía defender "con hechos" la abolición a la que se oponía mientras calificaba de "meramente retórica" la supresión de la pena capital.

"Si hay alguien que pueda explicarme", decía Felipe González, "esa contradicción en sus propios términos, yo le daría el premio a la gran retórica, porque la única manera de ser eficaces en la abolición de la pena de muerte es estar firmemente, como principio y en conciencia, contra la pena de muerte".

Lleva razón Felipe González cuando se indigna ante la impunidad con que el PP de José María Aznar comete el delito político de apropiación indebida de la Constitución de 1978, cuando parece reclamar su autoría, a pesar de que sus predecesores políticos -AP y algunos sectores de UCD- y él mismo se opusieran primero a hacerla y después a introducir contenidos claves para la Norma Fundamental de una democracia.

Bueno es que la derecha política, vestida de centro o en su ser natural de heredera de AP, asuma todos aquellos logros modernizadores ahora que se han impuesto socialmente y que defenderlos no arrostra ya el riesgo de un golpe de Estado. Pero es comprensible la indignación de González frente al cierto cinismo con que los emergentes políticos del actual poder se ponen medallas que no les corresponden.

En cambio, la memoria histórica no permite acusar a Adolfo Suárez de obstruir el proceso constituyente o de oponerse a él. Felipe González ha reconocido en un artículo publicado el pasado viernes en EL PAÍS los errores cometidos en su entrevista a la revista mexicana Proceso, cuyo texto no revisó, y ha reiterado su aprecio por el papel decisivo jugado con Suárez en la transición y en la elaboración de la Constitución.

No podía ser de otra manera, y no tanto, como con cierto nerviosismo ha argumentado el hijo del presidente centrista, porque González tenga una deuda de gratitud con Suárez -que la tendrá, pero ésa es otra cuestión-, sino lisa y llanamente porque lo que apareció como palabras del entrevistado ni es verdad ni González lo sostuvo nunca.

Es cierto y fácilmente comprobable que Suárez propugnó en la campaña electoral para las elecciones del 15 de junio de 1977 la elaboración de una Constitución, como también lo es que, para disipar los temores que esa iniciativa producía en las Cortes franquistas aún vivas, Suárez apeló a la existencia del Senado, segunda Cámara impropia de un Parlamento constituyente.

Este cierto freno al impulso constituyente, con sus 41 senadores de designación real, fue apoyado por el hábil Torcuato Fernández-Miranda, para quien era bueno establecer una segunda línea de resistencia si el 15-J daba demasiados escaños a la izquierda en el Congreso, "y más aún si se va a redactar una Constitución", según señaló a personas allegadas.

La memoria histórica no permite olvidar que el peso político de la elaboración de la Constitución, con la amenaza latente de un golpe militar y otro en el seno de la propia UCD, lo soportó con valentía Suárez, quien el 27 de mayo de 1978 fue insultado en el Palacio de Oriente en presencia del Rey, en un acto de homenaje a la bandera, como también recibió presiones públicas de la CEOE -bajo el lema "¡reaccionemos!"- a cuenta del excesivo intervencionismo estatal de la Constitución, o tuvo que pacificar al escritor Julián Marías, escandalizado por que se reconociera y garantizara la autonomía de "las nacionalidades".

Ese peso político que Suárez aguantó con gallardía y agallas tuvo como fundamento su empeño, impulsado en todo momento por don Juan Carlos, por incorporar a la izquierda, especialmente al PSOE, al consenso constitucional. No hay duda de que, de haber dejado funcionar la entonces llamada mayoría mecánica -UCD más AP-, el contenido de la Constitución habría acarreado al presidente del Gobierno muchos menos problemas. La visión política de Suárez y del Rey fue no sólo hacer una Constitución, sino una Constitución "de todos".

Sería, pues, injusto regatear a Suárez sus méritos en ese empeño. Pero también es verdad histórica que la iniciativa para lograr la Constitución que tenemos provino de la oposición de izquierda -con mayor potencialidad el PSOE- y nacionalista, en especial la Minoría Catalana.

La UCD de Suárez quiso iniciar el proceso constituyente con un proyecto auspiciado por expertos y fue el PSOE el que logró la elaboración estrictamente parlamentaria tras aquella afirmación de González: "Las Cortes se bastan y se sobran".

Es historia que UCD quería un texto constitucional genérico y breve, entre otras cosas para aprobarlo pronto, pero también para no comprometerse demasiado, mientras la oposición, sobre todo el PSOE, asumió el criterio de Gregorio Peces-Barba de detallar los derechos fundamentales y garantizar su alcance para no depender del desarrollo legislativo y para romper inequívocamente con la legalidad franquista.

El mérito de Suárez, entre otros muchos, fue el de integrar al PSOE y al resto de la oposición, pero no se puede ignorar el mérito de González de luchar por introducir en la Constitución los quilates de progresismo y modernidad necesarios en la Norma Fundamental de la democracia. Si el PSOE se hubiera adherido a los propósitos constituyentes de UCD -no digamos ya a los de AP-, la Constitución de 1978 se parecería poco al texto vigente.

Por eso, ante la reciente tormenta por la frase atribuida a González ("si hubiera dependido de Adolfo Suárez, no se habría hecho la Constitución"), su autor no traicionaría la historia si mantuviera lo dicho, pero cambiando una palabra para referirse a "esta Constitución".

Otra cosa es el aprovechamiento del error que han hecho los numerosos enemigos de González y del rigor histórico. Como si no tuvieran bastante con los motivos que les proporcionó con los fallos cometidos durante su mandato, incluido su abandono del espíritu constituyente cuando, como reconoció en El Paular (Madrid) en febrero de 1985 ante una treintena de periodistas, su Gobierno dio prioridad a la seguridad sobre la libertad.

Bonifacio de la Cuadra es periodista.