El presidente de la CHS dice que el traspaso de competencias es un asunto "difícil"
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), José Antonio Villegas, defendió ayer la gestión de la política hidráulica por parte del Estado, ya que gestiona con "diligencia y eficacia", y consideró que el traspaso de las confederaciones a la Junta de Andalucía es un asunto "difícil". Villegas manifestó que la transferencia de estas competencias es "una eterna aspiración" de la Junta, que "se pudo hacer en su momento, cuando gobernaba el PSOE, pero no se hizo".Argumentó que existen dificultades de índole jurídica, ya que una zona de esta cuenca pertenece a la comunidad autónoma de Murcia, y además la CHS gestiona Ceuta y Melilla, por lo que "no sería sólo Andalucía".
"Es un tema complejo porque hay inversiones puestas en marcha y otras que el Gobierno central tiene comprometidas", afirmó Villegas, que preguntado sobre una hipotética gestión de la Junta en esta materia, contestó que "aún tiene compromisos pendientes como el plan de carreteras del Guadalhorce".
Añadió que "el Estado, cuando empieza las cosas, las termina y tiene interés por que los compromisos pendientes en la cuenca del sur se lleven a cabo".
En cuanto a la denuncia por supuesta prevaricación presentada contra este organismo por la Unión de Agricultores y Ganaderos Uaga-Coag por el temor de los agricultores a la falta de recursos para regadíos tras el desembalse de la presa del Guadalhorce, Villegas manifestó que esta acción fue aprobada por la junta de desembalse.
Sin embargo, Uaga sostiene que sus representantes en dicha junta no fueron citados ni se les informó sobre el motivo del desembalse. El presidente de la Confederación Hidrográfica del SUR (CHS) aseguró que se desembalsaron cuatro hectómetros cúbicos y que el nivel de agua del pantano pasó del 62% al 60% de su capacidad.
"Uaga es un sindicato del campo que no se dedica a la ingeniería, mientras que los ingenieros de la CHS conocen el funcionamiento de la presa y su problemática", apuntó Villegas, quien apostilló que la limpieza del embalse era "legal y técnicamente necesaria".
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