La Mafia calabresa intentó sin éxito sobornar a un juez español

Armando Spataro, ex fiscal antimafia y miembro del Consejo Superior de la Magistratura, alertó en 1997 a la Audiencia Nacional del intento de la organización calabresa N'Drangheta de comprar con 70 millones de pesetas a un funcionario de la judicatura española para evitar la extradición a Italia de su jefe Domenico Paviglianiti. Spataro viajó a Madrid y entregó un informe a Clemente Auger, presidente de la Audiencia, que debía decidir la entrega del mafioso italiano.

Las conversaciones telefónicas intervenidas en 1997 por la Dirección Nacional Antimafia a dos estrechos colaboradores de Paviglianiti no dejaban lugar a dudas. Los hombres de la N'Drangheta, organización asentada en Calabria, región del sur de Italia poblada por dos millones de personas, estaban dispuestos a "corromper" a un funcionario de la judicatura española para lograr la puesta en libertad de su jefe, al que se acusa de 113 asesinatos.Los subordinados de Paviglianiti, de 39 años, aseguraban tener un plan minuciosamente diseñado. Hablaron de la preparación de varios maletines con 70 millones de pesetas con los que pensaban viajar a España para "comprar" la voluntad de un funcionario de la judicatura española y conseguir la libertad de su jefe. Además, creían posible que mediante estos pagos se anulara la extradición que había solicitado el Gobierno italiano.

Ante la gravedad del caso, Armando Spataro, entonces fiscal Antimafia, tramitó una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a España para entrevistarse con Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, el organismo en el que debía decidirse sobre la extradición del capo Paviglianiti.

Cintas en la maleta

Spataro, que durante años combatió con éxito a las Brigadas Rojas, grupo terrorista italiano, viajó a Madrid junto con otro fiscal Antimafia. Llevaba en su maleta las cintas grabadas a los calabreses de la N'Drangheta y una nota informativa de la Dirección Nacional Antimafia, dirigida al presidente de la Audiencia Nacional, en la que se relataban las pruebas y sospechas sobre el plan descubierto para liberar a Paviglianiti. Sólo faltaba el nombre del receptor del dinero.

El encuentro oficial se celebró en el despacho del presidente de la Audiencia Nacional a finales de 1997. Los dos fiscales italianos expusieron su preocupación a Auger y éste les garantizó que la decisión sobre la extradición de Paviglianiti se adoptaría con todas las garantías de legalidad.

Clemente Auger ha confirmado a este periódico la visita de los italianos y asegura que no se llevó a cabo una investigación oficial porque los italianos no presentaron una denuncia. Spataro ha declinado hacer comentarios sobre el caso. "Por mi absoluto respeto a las autoridades españolas", afirmó.

Ninguno de los magistrados de la Audiencia Nacional que iban a decidir sobre el futuro de Paviglianiti fue informado del plan de los calabreses para comprar la voluntad del enigmático funcionario de la judicatura española. Luego, alguno mostró su malestar al conocer que la visita de los fiscales italianos se mantuvo en secreto.

El plan de los calabreses, en el supuesto de que finalmente se llevara a cabo, extremo nunca probado, no funcionó. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concedió la extradición del capo y Paviglianiti fue entregado a Italia. La ejecución de la sentencia sí presentó algunos inconvenientes "burocráticos". La Audiencia tuvo que comunicar cinco veces con la cárcel en la que estaba preso hasta conseguir que los funcionarios de la penitenciaría lo entregaran a los agentes de Interpol.

El pasado 30 de marzo, el Tribunal Constitucional estimó en parte el recurso de amparo presentado por Paviglianiti y anuló la extradición que la Audiencia Nacional había concedido por otro asunto distinto por el que había sido condenado en ausencia en Italia a penas de 32 años de cárcel.

La N'Drangheta se dedica al narcotráfico, los secuestros y el tráfico de armas. Se implantó en Cataluña hasta que fue desbaratada en 1996, en una operación conjunta del fiscal Spataro y de Ramón Maciá, juez español.