EH hace una demostración de fuerza en Guipúzcoa y rompe el pacto presupuestario con la Diputación
Euskal Herritarrok (EH) aprovechó ayer un debate sobre la eliminación del peaje de las carreteras para sacar pecho y demostrar su fortaleza en las Juntas Generales de Guipúzcoa. EH volvió a dejar en minoría al equipo de gobierno de la Diputación (PNV-EA) al apoyar, junto al PSE, una propuesta del PP para reclamar la gratuidad de la autopista Bilbao-Behobia (A-8) desde 2003. Este acuerdo es testimonial y no tiene consecuencias prácticas en la supresión de los peajes, aunque ha provocado la ruptura del acuerdo presupuestario entre PNV-EA y EH, según advirtió el diputado general, Román Sudupe.
El PP, en su intento de poner en evidencia la situación de minoría del Gobierno foral, puso en bandeja a EH la oportunidad de alardear de su posición determinante en el juego político de Guipúzcoa. Xabier Olano, el portavoz juntero del grupo independentista, a la vista de que todos los partidos estaban expectantes por conocer el signo de su voto sobre la propuesta de eliminar los peajes, aprovechó el turno de la palabra para presumir de ser "la novia deseada por todos". "Y no es para menos, porque somos la primera fuerza, el partido más votado de Guipúzcoa", subrayó.El apoyo de EH y el PSE a la proposición no de norma del PP dejó otra vez al descubierto la fragilidad del Gobierno foral formado por PNV y EA -19 junteros sobre 51- , que volvió a salir derrotado, como ya sucedió en el debate inicial sobre presupuestos y la variante del Urumea.
El diputado general, el peneuvista Román Sudupe, manifestó que la coalición abertzale "ha roto el acuerdo presupuestario", en el que existía el compromiso de crear una ponencia para estudiar los sistemas de financiación de las carreteras. "Con este acuerdo esa ponencia no tiene razón de ser, porque elimina la posibilidad de debatir sobre los peajes", zanjó Sudupe. Sin embargo, Olano adujo que el pacto económico de EH con la Diputación "sigue vigente" y que seguirán cumpliéndolo "al pie de la letra".
Las Juntas Generales aprobaron, con los votos de EH, PSE y PP, una proposición, sin efectos vinculantes, que insta a la Diputación a comprometerse a no prorrogar la concesión de la A-8 cuando pase a sus manos en 2003 ni a establecer un nuevo peaje en el tramo guipuzcoano. En contra de lo que ha defendido siempre el PP en un tema tan vidrioso como es el de la financiación de las carreteras -esto es, el mantenimiento de los peajes- su portavoz, Iñigo Manrique, justificó ayer la gratuidad de la Bilbao-Behobia porque "no existe ninguna carretera alternativa gratuita válida". El resto de los grupos resaltaron la "contradicción" y el "doble juego" del PP al apoyar la ampliación de la concesión privada de la A-68 (Bilbao Zaragoza) y la negativa a mantener la gratuidad en la autovía de Navarra (A-15). Manrique reconoció que han cambiado de opinión y "no tenemos ningún rubor en hacerlo".
El usuario paga
El PSE abogó por suprimir el peaje tanto en la A-8 como en la futura Éibar-Vitoria (A-1) porque ambas son "ejes vertebradores y transeuropeos", por lo que reclamó "la participación del Gobierno vasco, del de España y la Unión Europea" en su construcción y conservación. Al final, la enmienda socialista, para extender la gratuidad a la A-1 fue rechazada con los votos contrarios del PNV, EA y PP.
El diputado de Transportes y Carreteras, Antton Jaime (EA), defendió la gestión de su departamento, que propone peajes blandos en la A-8 y en la A-1, de seis pesetas y 10 pesetas por kilómetro respectivamente. Adujo que "en nuestro entorno, e incluso en muchos países de Europa, todos utilizan los peajes", y citó un principio de la Comisión Europea sobre financiación de carreteras, según el cual "el usuario paga". La gratuidad de las autopistas supondría, agregó Jaime, "la imposibilidad de crear terceros carriles en la Bilbao-Behobia, impedir la construcción del segundo cinturón de San Sebastián y dejar sin terminar la A-1 a la altura de Mondragón".
Para contrarrestar la estrategia de populares y socialistas, Jaime empleó los mismos argumentos que vienen utilizando su partido y el PNV desde la Diputación. "Aquí subyace la demagogia y el acoso al equipo de gobierno", señaló y lanzó la siguiente reflexión: "Mientras la A-8 era de titularidad estatal, los Gobiernos del PSOE y del PP no hicieron ninguna mejora en esta autopista". El peneuvista Xabier Garaialde aprovechó el debate para hacer hincapié en la coincidencia en el voto del PP y el PSE con EH y afirmó que "no nos condenarán a los demás al fuego eterno por coincidir con EH". El portavoz socialista, Miguel Buen, dijo que la intención de su grupo "no es desgastar a la Diputación, aunque estamos legitimados para ello", y afirmó que el PSE "no ha pactado nada con EH". "A lo sumo habrá una coincidencia puntual con ellos", precisó.
Las diputaciones vizcaína y guipuzcoana comenzarán a gestionar la Bilbao-Behobia en enero de 2003, una vez que concluya la concesión a la empresa Europistas de esta vía, cuya titularidad ya ha sido transferida por el Gobierno central. La Diputación de Guipúzcoa prevé introducir mejoras en el trazado de la A-8 y construir una circunvalación en San Sebastián, para lo cual invertirá 23.500 millones. En los 31,9 kilómetros del tramo guipuzcoano de la Éibar-Vitoria, ya iniciada, el coste es de casi 100.000 millones.
Según el espíritu de la proposición aprobada ayer, la Diputación deberá hacer frente a estas inversiones con recursos propios, sin recibir ingresos derivados de los peajes. Antton Jaime calcula que la instauración de un peaje en la A-1 reportaría unos 30.000 millones para financiar parte de esta carretera. El peaje de la A-8 se destinaría exclusivamente para su mantenimiento.
La Diputación de Vizcaya afirma que la gratuidad "sería un desastre económico"
La Diputación de Vizcaya aseguró ayer que la decisión en Guipúzcoa no cambia sus criterios de mantener el peaje en el tramo vicaíno de la Bilbao-Behobia. Un portavoz oficial consideró que la gratuidad de la autopista "sería un desastre económico para Vizcaya, porque es una carretera carísima de mantener". Añadió que la supresión del peaje crearía "un colapso de tráfico" y recordó que en estos momentos el tramo vizcaíno es utilizado por un 35% de usuarios no residentes en el territorio.Esta fuente se remitió a las argumentaciones expresadas el pasado lunes por el diputado vizcaíno de Obras y Transportes, José Félix Basozabal (PNV), en las Juntas Generales de Vizcaya. El mandatario se refirió también al coste social que supondría "la rescisión de 300 contratos [de trabajo]".
El titular de Obras se negó a considerar la posibilidad de implantar la gratuidad antes de junio de 2003, fecha en la expira el contrato de la concesión a la empresa Europistas. Basozabal reveló que la transferencia no estará completa hasta el 31 de diciembre de 2001, debido a los 6.184 millones que la concesionaria debe pagar al Gobierno central a lo largo de este año y el próximo, pero que el rescate adelantado de la concesión en 2002 costaría a las arcas vizcaínas 7.600 millones de pesetas. "¿Cree que podemos pensar en pagar 7.600 millones de los presupuestos de los vizcaínos, teniendo en cuenta que un 35% de los usuarios de la A-8 no son residentes en este territorio?", preguntó el diputado al juntero del PP Jesús Isasi, quien había formulado una interpelación.
La Diputación vizcaína tiene diseñado un plan financiero para que la mitad de los ingresos obtenidos por el peaje de la A-8 hasta 2016, que serían 26.000 millones, financien la construcción de una veintena de carreteras en el territorio.
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