España pedirá la entrega de un etarra capturado el pasado martes en México

La Audiencia Nacional solicitará la extradición del presunto etarra Lázaro Galarza Larrayoz, detenido la madrugada del martes en Morelia (México), a unos 200 kilómetros al oeste de la capital. En principio se le imputa haber participado en un atentado con granadas al cuartel de la Guardia Civil de Lecumberri (Navarra) en abril de 1990, en el que resultaron heridos cinco agentes. El ministro Jaime Mayor Oreja agradeció ayer a México su colaboración en la lucha contra el terrorismo.

Galarza, de 45 años, natural de Madoz (Navarra) era considerado colaborador habitual del comando Nafarroa de ETA que operó en el citado territorio foral en 1989, y dos de cuyos miembros, Susana Arregi y Juan María Lizarralde, se suicidaron, mientras el tercero, German Rubenach, resultó gravemente herido, en junio de 1990, en la Foz de Lumbier tras haber matado a un guardia y quedar atrapados.Según el auto de procesamiento de Galarza y el resto del grupo, dictado en mayo de 1992, Susana Arregi, Juan María Lizarralde, German Rubenach, Javier Goldaraz y Juan José Zubieta, cumpliendo las órdenes de la dirección de ETA, decidieron en abril de 1990 lanzar varias granadas Jotake y Heap contra el cuartel de la Guardia Civil de Lecumberri (Navarra), que se encontraba en la travesía de la localidad.

Los terroristas utilizaron una furgoneta Renault Express que había facilitado Galarza, que conocía y aceptaba la finalidad que se le iba a dar al vehículo.

Los terroristas lanzaron un total de seis granadas que impactaron en diversos lugares del acuartelamiento. La metralla y la onda expansiva alcanzó al teniente Juan Hernández Mosquera; al sargento Mateo Quero, y a los guardias Alberto Leo Ordóñez, Francisco Hoya Haro y Francisco Martínez Sagardoy, que resultaron con heridas de diversa consideración.

También resultaron destrozados por las explosiones la fachada y tejado del edificio, tres vehículos oficiales y una docena de coches particulares, propiedad de los agentes.

Bomba-trampa

La explosión posterior de una bomba trampa colocada en la zona donde estaban ubicados los lanzagranadas produjo lesiones a un guardia y la muerte de un perro especializado en la detección de explosivos.

Aunque en la Audiencia Nacional no figuran otras causas pendientes contra Galarza, fuentes policiales le acusan también de intervenir en el secuestro del industrial Adolfo Villoslada, en noviembre de 1989, y en un atentado contra una patrulla de la Guardia Civil en el alto de Azpíroz (Navarra) en agosto de ese mismo año.

El ministro del Interior, Jaime Mayor, agradeció ayer la cooperación de las autoridades mexicanas en la detención del etarra Galarza. Mayor explicó que México está pendiente de resolver el instrumento jurídico por el que se pueda resolver la extradición del detenido a España por medio del convenio que existe entre ambos países, informa Europa Press.

Según el convenio, España dispone de 45 días para formalizar la solicitud de extradición. Jaime Mayor insistió en que las relaciones hispano-mexicanas son "excelentes" y están funcionando "ejemplarmente".