El Ayuntamiento recalificó el suelo de CACSA para aumentar su valor

El Ayuntamiento de Valencia, que gobierna el PP con mayoría absoluta, impulsó hace meses una sorprendente recalificación de los terrenos de CACSA, la empresa pública que desarrolla el proyecto de la Ciutat de les Arts y les Ciències, cuyo objetivo quedó patente el martes, cuando el Consell acordó un curioso artificio financiero para dotar la ampliación de capital de la empresa a través de la cesión de suelo.CACSA posee una extensión de terrenos en el cauce del Turia en Valencia y las zonas adyacentes sobre las que se asientan los tres edificios emblemáticos del proyecto, pero dispone de una superficie que ronda los 200.000 metros cuadrados cuyo destino no se ha definido todavía.

Cuando el Consell Metropolità de L'Horta procedió a la expropiación de los terrenos y los vendió a la empresa promotora del proyecto, entonces Vacico, se acordó de que se destinarían 45.000 metros cuadrados a la construcción de viviendas de protección oficial y otros 150.000 a dotaciones públicas diversas.

El Ayuntamiento de Valencia impulsó la recalificación de ese suelo y aprobó en las sucesivas instancias municipales, gracias a la mayoría absoluta del PP, calificar 45.000 metros cuadrados como residenciales, sin ninguna restricción; y otros 150.000 para usos terciarios, es decir, disponibles para establecer locales comerciales.

El coste del suelo se multiplicó automáticamente hasta 70.000 pesetas por metro cuadrado para uso residencial y unas 60.000 en la porción correspondiente a uso comercial. En conjunto, la operación elevó el valor de los terrenos hasta unos 1.500 millones de pesetas.

"Pelotazo administrativo"

La oposición socialista en el Ayuntamiento de Valencia alertó entonces sobre la posible maniobra especulativa impulsada directamente desde la Administración. Rafael Rubio, concejal socialista, recordó ayer cómo denunció en su día el "pelotazo urbanístico" diseñado por el PP para intentar paliar las crecientes deudas de CACSA. La empresa promotora del complejo acumula deudas a largo plazo que rondan los 40.000 millones de pesetas y está previsto que alcancen los 60.000 el próximo año.

Rubio también apuntó que la expropiación forzosa de los antiguos propietarios se ejecutó para destinar el suelo a usos públicos, de modo que el cambio de su calificación podría provocar reclamaciones ante los tribunales para revisar la cuantía de las indemnizaciones.

Joan Antoni Oltra, portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, bromeó sobre los artificios financieros que utilizan las diversas administraciones del PP y sugirió que la "inversión monstruosa" que desarrolla la Generalitat en el proyecto obliga al Consell a "recurrir a todo tipo de medidas hasta el punto de que al final tendrá que acabar avalándose a sí mismo para poder pagar".