Vizcaya aduce que la incompleta transferencia de la Bilbao-Behobia impide ahora su gratuidad
La Diputación vizcaína reveló ayer que, aunque quisiera, no puede establecer la gratuidad de la autopista A-8 (Bilbao-Behobia) antes de 2002 porque aún no tiene la transferencia definitiva. "El Gobierno de Madrid se ha reservado hasta el 31 de diciembre de 2001 las obligaciones económico-financieras", dijo el diputado de Obras, José Félix Basozabal. La Bilbao-Behobia está en régimen de concesión hasta junio de 2003, pero Basozabal descartó un posible rescate a partir de 2002 por su coste: "Vizcaya debería abonar, en el escenario más beneficioso, 7.600 millones de pesetas".
El futuro de la A-8, que fue transferida por el Gobierno central al vasco oficialmente el pasado enero, sigue en el candelero. Gratuidad o no: esa es la cuestión una vez que se logre también la titularidad, que se producirá en junio de 2003, cuando expira la concesión que tiene la empresa Europistas.El pleno de las Juntas Generales de Vizcaya reprodujo ayer el debate por una interpelación del PP. Este partido pedía el cumplimiento del acuerdo adoptado en abril por la Comisión de Infraestructuras de las Juntas en la que, tras dos rocambolescas votaciones, se aprobó exigir la gratuidad en las dos autopistas que atraviesan Euskadi: la A-8 y la A-68 (Bilbao-Zaragoza). El juntero popular Jesús Isasi exigió al departamento foral de Obras y Transportes su "obligación, cuando ostente la titularidad, de cumplir con el objeto del mandato imperativo de esta Cámara, y por tanto rescatar inmediatamente la concesión de la autopista A-8 para poder así ofertar un servicio libre y gratuito". El titular de Obras y Transportes, José Félix Basozabal, dijo que la interpelación indicaba que el juntero del PP "no debe estar muy enterado de las condiciones en las que se ha efectuado la transferencia", que no incluye las "obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor".
6.184 millones a pagar
Basozabal añadió que el Gobierno central se "ha reservado hasta un año antes de la finalización de su concesión una de las facultades fundamentales de un contrato de concesión", y lo justificó porque Europistas debe devolver a la Administración anticipos reintegrables que en su día percibió. "Dichas cantidades ascienden a 4.000 millones a reintegrar el año 2000, y a 2.184 millones el año 2001".
El diputado vizcaíno, tras apuntar que esta partida podía haberse reintegrado al Gobierno central a través del cupo "y haber dispuesto así de una transferencia plena", señaló que esta salvaguarda impide cualquier actuación económica y financiera sobre el contrato de concesión hasta el 1 de enero de 2002. El Gobierno vasco sí gestiona actualmente otros aspectos, como la aprobación de las tarifas de la A-8.
Basozabal aportó los datos de los costes del rescate de la concesión antes de que termine. "A día de hoy ascendería a 57.000 millones con un cálculo conservador, correspondiendo a Vizcaya unos 22.800 millones. Y no he computado el coste económico y social de rescindir 300 contratos [de trabajo]", advirtió. Sin embargo, dado que la transferencia plena no es posible antes de 2002, señaló que la inmediata gratuidad de la autopista le supondría a Vizcaya 7.600 millones. "¿Cree que podemos pensar en pagar 7.600 millones de los presupuestos de los vizcaínos, teniendo en cuenta que casi un 35% de los usuarios de la A-8 no son residentes en este territorio"?, preguntó.
Isasi replicó a Basozabal que él no tenía que decirle "de dnde tiene que sacar el dinero para la gratuidad de la autopista. Su grupo permitió, con su abstención en la comisión, que saliera la moción de Euskal Herritarrok que pide esto". Acto seguido, conminó al diputado a que "diga claramente que no quiere rescatar la concesión porque no tiene dinero".
En el debate de ayer, Basozabal reveló que las diputaciones guipuzcoana y vizcaína trabajan en un borrador que determine la nueva explotación de la A-8. Las autoridades barajan ahora toda las opciones (pública, privada o mixta) y manteniendo un peaje que se reduciría entre un 50% y un 70%, según aseguraron a finales del pasado año los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, Josu Bergara y Román Sudupe.
En el pleno celebrado en Gernika, las Juntas rechazaron, con el apoyo de PNV, EA, EH e IU, el proyecto de construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Barakaldo.
