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El imposible inmobiliario Sumario] Seis ONG navarras critican las dificultades de los más desfavorecidos para comprar piso

Comprar una vivienda protegida sigue siendo casi una misión imposible en Navarra para un buen número de familias con escasos recursos económicos, mientras el Gobierno regionalista no lo pone fácil al anteponer los requisitos económicos, el ahorro previo, a las consideraciones sociales para su concesión.La comunidad foral tiene suelo disponible para construir 67.340 nuevas viviendas, según un reciente estudio, pero seis ONG han criticado que la escasez de promociones públicas y el excesivo peso de las condiciones económicas que el Ejecutivo foral impone frustran las aspiraciones de muchas familias.

El consejero del ramo, Javier Marcotegui, cree en los próximos cuatro años el precio de la vivienda frenará su desaforado aumento. Un horizonte demasiado lejano para muchas personas que necesitan urgentemente un techo donde cobijarse, en palabras de Emilio Galera, coordinador de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, que agrupa a dichas entidades.

Las asociaciones Traperos de Emaús, La Majarí, Andrea, Santa Lucía, Anafe y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales participan en un programa público con dos años de vida dedicado a dotar de vivienda social a colectivos muy desfavorecidos. Pero las 170 casas promovidas hasta la fecha, a las que hay que sumar otras 147 actuaciones este año, siguen siendo muy pocas para la demanda existente.

"La especulación del sector no tiene precedentes", indica Galera. Mientras el precio de las viviendas protegidas ha crecido desde 1997 al ritmo del IPC, las viviendas libres subieron un 6,4% en 1998 y un 14% en 1999. En consecuencia, adquirir un piso es cada día más caro.

El Gobierno navarro dedica poco esfuerzo a promocionar viviendas protegidas, según las ONG, además de constatarse un mayor interés de los ayuntamientos por destinar su escaso suelo urbanizable a fines comerciales o industriales, de mayor y más rápida rentabilidad, y una mayor dedicación de las constructoras a los pisos de precio libre.

El resultado es que los colectivos con menores recursos no pueden acceder a las casas que teóricamente les están dirigidas: las de régimen especial (para familias con ingresos menores a 2,5 veces el salario mínimo o 177.150 pesetas al mes) y las de integración social, con ingresos menores a 1,7 veces el SMI (134.062 pesetas al mes).

Ello es debido, según las ONG, a que las condiciones económicas de los baremos tienen "excesivo peso" en la concesión, especialmente dos: la renuncia a la subsidiación del crédito y la obligación de tener una cuenta vivienda con un ahorro previo del 10% del precio de la vivienda al solicitarla y del 5% en los dos años previos. Además, los baremos de la Administración foral no tienen debidamente en cuenta, dicen las ONG, otras realidades sociales, como la existencia de familias numerosas o monoparentales o la presencia de personas con minusvalías.

El fortísimo tirón del mercado de la vivienda pone en peligro también la iniciativa del Gobierno navarro de crear una red de viviendas de segunda mano dentro del programa de integración social. El problema es que el programa, iniciado hace tres años, está paralizado desde junio de 1999 porque no se encuentran pisos a los precios máximos autorizados por la Administración para esta experiencia. Se trata de viviendas usadas con más de diez años de antigüedad y hasta 90 metros cuadrados. Trescientas familias han encontrado casa hasta ahora gracias al plan.

Pero ahora lo tienen más difícil. El precio tope que la Administración pagó el año pasado por metro cuadrado de esas viviendas llegó a 100.000 pesetas para Pamplona y comarca. Es decir, que una casa de 60 metros vcuadrados destinada a una de esas familias debía comprarse por no más de seis millones. Pero esa vivienda se está adquiriendo en el mercado al menos a 130.000 pesetas el metro cuadrado. En consecuencia, no se encuentran pisos ni se encontrarán, ya que el Gobierno foral ha elevado la cantidad a pagar este año en virtud del IPC hasta 104.000 pesetas el metro, mientras en el mercado llega ya a las 200.000 pesetas.

Abanico de soluciones

¿Cómo combatir un muro que parece infranqueable? Las ONG plantean algunas propuestas, tales como aumentar en un 10% el precio de los módulos por metro cuadrado, admitir pisos de mayor coste o superficie, ampliar los conceptos subvencionables para adquirir viviendas de protección oficial o aumentar las promociones de éstas."Existe la creencia de que a la población gitana o a los inmigrantes se les dan viviendas, pero no es así", señala Galera. "Perciben ayudas ligeramente superiores a las que puede recibir cualquier otra persona acogida en VPO, pero como ellas, tienen que solicitar un crédito bancario para la pagar la diferencia", explica.

El consejero de Vivienda, Javier Marcotegui, considera que la agilización de los trámites administrativos para la conversión de suelo rústico en urbanizable, el auténtico cuello de botella de la escasez de suelo, se conseguirá en el Plan de Vivienda 2001-2004 con la introducción de la figura del urbanizador privado, una nueva figura de planeamiento que UPN va a impulsar.

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