Barrabés y Bretón achacan la crisis de PSV a la tensión entre UGT y el PSOE
En las 12 sesiones que lleva ya el juicio del caso PSV -la promotora de viviendas del sindicato UGT entre 1989 y 1994, que se convirtió en el mayor fiasco del cooperativismo en España- empiezan a repetirse las argumentaciones de los imputados. En la sala segunda de la Audiencia Nacional declaró primero Carlos Sotos, director de la cooperativa PSV y presidente de la gestora IGS, luego lo hizo Paulino Barrabés, ex responsable de finanzas de UGT, que finalizó ayer su declaración, tras él Fermín Bretón, uno de los administradores del proyecto IGS-PSV. Todos se enfrentan a una pena de ocho años y dos meses de prisión por apropiación indebida y todos achacan la crisis de la cooperativa a las tensiones entre UGT y el Gobierno del PSOE. Al menos así lo declararon ayer también Barrabés y Bretón, que dijeron que la banca pública dejó de financiar el proyecto cuando se deterioraron las relaciones entre el Gobierno y el sindicato. Bretón, que seguirá declarando mañana, afirmó además, como ya hizo Sotos, que el agujero de 18.000 millones detectado en PSV proviene de los criterios contables de los peritos judiciales "porque IGS recibió 56.000 millones de PSV y se gastó 58.000".
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