La titular de un juzgado aprecia indicios de un delito urbanístico en Marbella

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, María Luisa de la Hera, ha dictado la apertura de procedimiento penal abreviado contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, y todos los concejales que formaban su grupo municipal en mayo de 1997. La juez aprecia indicios de un presunto delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia a una sociedad promovida por el fallecido periodista Antonio Herrero. En la práctica, la resolución abre las puertas a la celebración del primer juicio por delito urbanístico contra el alcalde de Marbella. Según el procedimiento, las partes tienen ahora cinco días para pronunciarse y pedir el archivo de la causa o la apertura de juicio oral. La acusación particular, que ejerce la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, ya ha anunciado que presentará escrito de acusación.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella concedió licencia de obras a la sociedad Incopromar, presidida por Herrero, el 4 de mayo de 1997 para la construcción de un edificio que invadía parte de una zona verde y de una calle. Además, el Plan General de Ordenación Urbana vigente sólo permitía en la zona una edificación máxima de cuatro plantas más bajo, cuando a Incopromar se le permitió alzar nueve pisos.

Casi dos meses antes de la concesión de la licencia, el 9 de mayo, el grupo socialista de Marbella ya denunció en la Delegación de la Consejería de Obras Públicas que Incopromar había comenzado las obras de excavación para la cimentación del edificio. La Junta abrió entonces un expediente sancionador y más tarde impugnó la licencia de obras por vulnerar las normas de planeamiento urbanístico vigentes en Marbella, algo que ha hecho en más de 80 casos. En septiembre de 1997 el caso fue denunciado en los tribunales por la plataforma ciudadana constituida para oponerse a la revisión del PGOU pretendida por Gil.

En el auto de la juez figuran como imputados 20 personas. Además del alcalde y los concejales que en 1997 formaban el Grupo Independiente Liberal (GIL) y votaron en pleno la concesión de la licencia, también figuran el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y el ex asesor jurídico municipal, José Luis Roca. El Código Penal prevé para este delito penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años.