España, por el TPI

España ha tardado casi dos años en decidirse a ratificar el estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), aprobado en Roma en julio de 1998, pero aun así se ha adelantado a la mayoría de los 120 países que entonces apoyaron su creación. Esta instancia jurisdiccional universal de carácter permanente contra los crímenes de lesa humanidad, en la que muchos ven la forma de superar los inconvenientes del caso Pinochet, todavía está lejos de entrar en vigor. Antes tendrá que ser ratificado su estatuto por al menos 60 de los estados firmantes.El Gobierno ha dado este paso decisivo con el envío al Congreso del proyecto de ley orgánica para la ratificación del estatuto del TPI. Previamente a esta decisión, que supone adherirse a un tratado de rango internacional, se habían suscitado dudas sobre la necesidad de reformar o no la Constitución en lo que se refiere a la inviolabilidad y no responsabilidad penal del Rey, así como a la inmunidad de los parlamentarios. El estatuto del TPI no admite reserva alguna en la persecución de los presuntos responsables de los delitos que contempla, como genocidio, torturas y desaparición de personas, entre otras violaciones de los derechos humanos.

A juicio del Gobierno, no es necesario reformar la Constitución. Es también la opinión del Consejo de Estado. En el caso del Rey, sus actos deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o los ministros, y de ellos "serán responsables las personas que los refrenden", según señala el artículo 64 de la ley fundamental. Más dudoso sería el caso de los parlamentarios, aunque los informes manejados por el Ejecutivo no creen que su inmunidad pueda alegarse ante actuaciones del Tribunal Penal Internacional. Con la ratificación del estatuto, España se compromete a que ninguno de sus nacionales quede exento de responsabilidad frente a los delitos que esta instancia enjuiciará en un futuro próximo.