El claustro de la URV acusa a la profesora sancionada de querer perjudicar al catalán

El claustro de la Universidad Rovira i Virgili (URV) apoyó ayer sin fisuras a su rector, Lluís Arola, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación al haber apartado de la corrección de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) a una profesora que repartió exámenes en castellano. El claustro cree que lo que pretende esta profesora con su denuncia es atacar el uso del catalán en las pruebas de selectividad.

Los claustrales de la Rovira i Virgili dieron ayer su visto bueno a la gestión del rector Arola y aprobaron dos mociones por amplia mayoría: una en favor del reglamento de usos lingüísticos del catalán de esta universidad, actualmente suspendido por orden judicial, y otra de apoyo al propio rector. De denunciados a víctimas. La moción aprobada de forma mayoritaria por los claustrales de la URV (95 votos a favor, uno en contra y una abstención) recoge que la denuncia de la profesora Josefina Albert contra el rector por prevaricación tiene un trasfondo "cuya verdadera causa no es la pretextada, sino la utilización de la URV como medio para cuestionar políticas, en este caso la utilización de la lengua catalana en las pruebas de acceso a la universidad".

La profesora Albert recurrió a los tribunales penales tras ser apartada de la corrección de las pruebas de selectividad del pasado año porque, según consta en su denuncia, se dirigió al Defensor del Pueblo para explicar las supuestas objeciones que el presidente del Tribunal le impuso para repartir ejemplares del cuestionario en castellano, tal como le pedía un alumno, una cuestión supuestamente amparada por la normativa vigente en dichas pruebas.

Afecta al buen nombre

El texto de la moción aprobada ayer por los claustrales, además, es extremadamente beligerante contra la profesora a la que acusa de "haber negligido" con su denuncia en dos cuestiones: afectando el buen nombre y la imagen de la URV y poniendo en peligro la convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria.

La moción, presentada por un profesor del departamento de Filología Catalana, se aprueba en un momento en el que el caso se encuentra a punto de la apertura de juicio oral contra el rector Arola.

De igual forma y con igual resultado (95 claustrales a favor, uno en contra y una abstención) se aprobó otra moción en favor del reglamento de usos lingüísticos del catalán en el campus, actualmente suspendido por orden judicial a raíz de un recurso de la Plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), agrupación liderada por el político conservador Aleix Vidal-Quadras, que considera que es inconstitucional.

Esta moción, menos beligerante que la primera, considera que el reglamento está realizado de acuerdo con la normativa, es decir, recoge los criterios de la Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlament en 1998, y que su suspensión obedece a la intromisión de personas y entidades externas. La moción denuncia el peligro que supone la judicialización de la vida universitaria.

El apoyo al rector Arola se hizo efectivo asimismo con la asunción de su gestión por la mayoría de los claustrales: 93 a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, en una votación que tuvo mayor participación que la de las mociones.

El rector aseguró que los conflictos a los que se enfrenta la Rovira i Virgili son de "naturaleza administrativa" -al menos el referido a la profesora Josefina Albert- y que han generado una respuesta de apoyo institucional, ciudadano y universitario "bastante unánime y de apoyo a la URV".

El rector Arola considera que el sufragio realizado es una muestra de la inexistencia de un conflicto lingüístico en la universidad Rovira i Virgili, de la que, en su informe de gestión, dijo que "se está convirtiendo en una de las mejores del sistema catalán".