Los militares indonesios implicados en matanzas serán juzgados

El ministro de Defensa indonesio, primer civil que dirige los destinos de la poderosa institución militar, Yuwono Sudarsono, declara, en una entrevista a EL PAÍS, que los militares implicados en matanzas de civiles serán juzgados y castigados, confía en la independencia judicial y descarta un posible golpe de Estado. Está por la autonomía de algunas regiones, pero no por su independencia.

El ministro de Defensa indonesio, sucesor del investigado general Wiranto, ex ministro de Educación y antiguo director de la Academia Superior del Ejército, asegura que el Gobierno está dispuesto a conceder "una amplia autonomía a las regiones de Aceh o Irian Jaya, como la Cataluña española, pero nunca su independencia, lo que provocaría la progresiva desintegración del país". Sobre la investigación abierta al dictador Suharto por corrupción, Sudarsono sostiene que se trata de "una cuestión legal y política en la que no deberíamos perder mucho".El responsable de Defensa explica que "la reforma militar durará entre 5 y 10 años y conseguirá el sometimiento de la institución castrense al poder civil". "La transición", dice, "está empezando, será gradual y no drástica. Necesitamos tiempo". Sudarsono precisa: "Los militares involucrados en las matanzas contra la población serán juzgados y castigados, pero no nos pueden exigir una justicia instantánea, como quieren algunos sectores de la opinión pública internacional". Precisamente el pasado miércoles 24 militares fueron condenados a duras penas de prisión por el asesinato de 56 estudiantes en la provincia de Aceh, situada en el extremo norte de la isla de Sumatra y que reclama un referéndum para su autodeterminación. Amnistía Internacional calcula que unas 2.000 personas han muerto en Aceh desde 1989, fecha en que el Ejército intensificó sus operaciones para aplastar los movimientos independentistas.

El ministro confía en la independencia del sistema judicial indonesio y descarta la creación de un tribunal internacional para juzgar las matanzas de Timor Oriental.

Sobre el apoyo militar a las milicias que aún mantienen retenidos a más de 100.000 timorenses en el área occidental de la isla, el ministro asegura que ha tomado "medidas drásticas para acabar con esa situación". "Afirmo categóricamente que no existe un apoyo formal o institucional del Gobierno y las Fuerzas Armadas a esos grupos. Muchos de los refugiados no quieren regresar a Timor Oriental por temor a represalias", señala.

Sudarsono considera "muy positiva" la reciente tregua de tres meses, firmada la semana pasada entre el Gobierno y el movimiento separatista de Aceh, pero cree que "la situación sobre el terreno atravesará dificultades". De hecho, ocho personas resultaron muertas en la noche del miércoles por disparos de la policía en Aceh. Considera que la situación de las islas Molucas es un caso aparte. Sudarsono asegura que el problema allí es fundamentalmente económico, puesto que "millares de musulmanes de la superpoblada Java se han trasladado a esas islas y han acaparado los empleos de los nativos, de mayoría cristiana".

Un problema similar al de Irian Jaya, aunque esta región también reclama su segregación de Indonesia. "Allí", dice, "existen muchos grupos étnicos y los nativos han mezclado sus demandas económicas con la retórica independentista de algunos sectores. Hay que admitir que esas injusticias económicas, su falta de representación en el Gobierno central, y la gran distancia de Yakarta han provocado un sentimiento de olvido y eliminación". El ministro descarta un golpe de Estado durante la transición democrática y rechaza que reciba presiones del Ejército en este proceso.

Sudarsono reconoce que "la lucha contra la corrupción es el gran desafío de este Gobierno y del presidente Wahid y, sin duda, la llave para restablecer la confianza de los mercados y el regreso de la inversión exterior". Sobre su polémico predecesor, el general Wiranto, investigado por los crímenes en Timor, explica que, en el pasado, mantuvo mejores relaciones con él y asegura que le recomendó aceptar la instrucción del proceso judicial y su sometimiento al actual sistema.