La Agencia del Agua prepara medidas para frenar la sobreexplotación de acuíferos
La situación límite de tres acuíferos catalanes ha llevado a la recién creada Agencia Catalana del Agua a estudiar distintas medidas reguladoras para garantizar los niveles suficientes de agua de boca en las poblaciones afectadas. Los acuíferos objeto de estudio son el de la desembocadura del río Tordera, donde se ha detectado una "preocupante" intrusión salina; el de Montseny-Guilleries, en el que han aparecido varias fuentes secas, y el de Carme-Capellades, en la Anoia, donde existe una importante presión debida al consumo industrial. En los tres acuíferos mencionados, y por distintos motivos, parecen existir indicios suficientes para pensar que se está produciendo una sobreexplotación.
En ninguno de los tres casos, ha explicado a este diario Marta Lacambra, directora de la Agencia Catalana del Agua, puede hablarse de "situación límite", aunque ésta podría darse, admite, si se corroboraran las sospechas de sobreexplotación y se mantuvieran los actuales escasos índices de pluviosidad. En ese caso, afirma, deberían tomarse medidas restrictivas que sólo podrían compensarse por "el uso de fuentes alternativas".En el caso del acuífero Montseny-Guilleries, la alerta ha saltado en los tres últimos meses ante la aparición de varias fuentes secas, lo cual podría constituir un signo de que los niveles de agua subterránea se encuentran por debajo de sus valores normales. La razón del descenso podría ser la sequía que padece Cataluña, pero también la intensa actividad extractiva que se lleva a cabo en una zona en la que se concentran varias plantas embotelladoras y potabilizadoras.
Como primer paso, la Agencia ha creado una comisión de trabajo conjunta con el Departamento de Industria con el objetivo de "cruzar los dos censos y comprobar si existe una situación abusiva". Las concesiones para la extracción de aguas minero-medicinales dependen de Industria y las relativas a otros usos, como el consumo de boca, riego o industrial, dependen de la Agencia. La desconexión entre ambas instituciones podría haber llevado, admite Lacambra, a un exceso en el número de concesiones. En caso de que así sea, indica, deberían tomarse medidas restrictivas para favorecer la recarga del acuífero.
La situación del acuífero de la desembocadura del río Tordera se ha descubierto tras la detección de niveles excesivamente altos de salinidad. El bajo nivel del acuífero ha permitido la entrada reciente de cloruros que comprometen el uso del agua para el consumo de boca y de riego, así como para determinadas aplicaciones industriales. El único modo de frenar la intrusión salina sería recargando el acuífero hasta sus valores normales.
Aunque la situación en este caso tampoco es límite, según Lacambra, se han previsto distintas opciones para "garantizar el agua de boca en Blanes y Sant Pol", dos de las poblaciones más afectadas, especialmente ante la inminencia del periodo estival. Entre las medidas propuestas se baraja como primer paso acceder a pozos alternativos o incluso tratar de interconectar los sistemas Ter-Llobregat a través del Maresme y la Costa Brava para garantizar el abastecimiento del agua. Existe un acuerdo firmado entre los consorcios de la Costa Brava y del Maresme para garantizar la llegada del agua y sólo queda por ver si técnicamente es posible la conexión.
Ronda de contactos
El próximo mes de junio, ha indicado Lacambra, se tomará una decisión sobre la figura de protección del acuífero de acuerdo con las alegaciones presentadas por todas las partes afectadas (regantes, consumidores agrícolas y domésticos y administración), con las que ya se ha iniciado una primera ronda de contactos. Será entonces, afirma la directora de la agencia, cuando se decidirá si se crea una comunidad de usuarios que autoregule los usos de acuerdos con las prioridades legales o si se opta por una figura "mucho más restrictiva": declarar sobreexplotada esta zona.
La creación de una comisión de usuarios ha sido, precisamente, la opción escogida para el acuífero Carme-Capellades, en la comarca del Anoia. Las aguas de este acuífero se han considerado técnicamente sobreexplotadas y, por tanto, necesitadas de regulación. "Se trata de una comarca muy poblada y con un uso industrial intensivo", señala Lacambra, "que depende de recursos fundamentalmente subterráneos".
En este caso, la administración ha instado a los ayuntamientos, representantes de la industria, regantes y consumidores domésticos a consensuar unos estatutos que permitan constituir la comunidad de usuarios. Una vez constituida la comunidad y dado el compromiso de la Generalitat de llevar agua desde Piera hasta Igualada a través del sistema Ter-Llobregat, la comarca dispondría de una fuente complementaria al acuífero y podrían regularizarse sus usos sin necesidad de declarlo sobreexplotado. Por ejemplo, indica Lacambra, empleando agua subterránea para riego, subterránea y superficial para usos de boca y superficial para usos industriales.
Acuíferos protegidos
Los acuíferos del Bajo Tordera y del Carme-Capellades forman parte de la lista de 23 bolsas de agua subterránea que el Gobierno de la Generalitat delimitó y protegió por decreto en 1988. Ya en ese decreto se preveía la constitución de comunidades de usuarios como garantes de repartir equitativamente los usos del agua de acuerdo con las prioridades determinadas por ley, esto es, usos de boca, riego, usos industriales y aprovechamientos energéticos. También en el texto se recogía la forma jurídica de "acuífero sobrexplotado" la cual, según puede leerse, deroga a favor de la Administración los derechos de extracción o explotación del acuífero. El acuífero del Bajo Tordera, que incluye las localidades de Blanes, Tordera, Malgrat de Mar, Fogars de Tordera y Palafolls, se encuentra en una zona especialmente conflictiva, no sólo por los altos índices de salinidad, sino también por la existencia de cultivos intensivos que agravan el riesgo de contaminación por nitratos.
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