El juez registra una sede de Airtel por una presunta estafa a Amena

La Guardia Civil registró el pasado martes, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, la sede de la Gerencia Territorial para Andalucía y Extremadura de la compañía de telefonía móvil Airtel por una presunta estafa de la que habría sido víctima su competidora Amena. Cuatro directivos de la delegación de Airtel en Sevilla y un experto informático de Huelva han sido imputados. Airtel reconoció ayer que "ha habido una visita de la policía a las oficinas de la empresa en Sevilla".

Aunque la investigación está rodeada de gran mutismo, fuentes conocedoras de la misma indicaron a EL PAÍS que a finales del año pasado un representante del Consejo de Administración de Retevisión Móviles, empresa propietaria de la marca Amena, denunció a la unidad de delitos tecnológicos de la Guardia Civil su sospecha de que estaba siendo objeto de una estafa.Esta sospecha se basaba en dos indicios: la saturación de sus líneas alquiladas a Airtel en Andalucía y la comprobación de que muchas de estas llamadas, a teléfonos corporativos de la propia empresa arrendataria, consistían una mera ocupación de la línea, sin transmisión de voz ni de datos.

Posteriores indagaciones han llevado a la convicción de que los presuntos implicados en la trama adquirieron, a través de mayoristas, unos 60.000 teléfonos móviles, con tarjetas prepago, que Amena puso en venta el año pasado como oferta promocional para la captación de clientes.

Estos teléfonos habrían sido luego reprogramados, para permitir su utilización por otras compañías operadoras, y revendidos en el mercado negro, probablemente exportados a Portugal o Marruecos.

Pero el fraude principal estaría en el uso de las tarjetas. Según las fuentes consultadas, un experto informático de Huelva las habría manipulado para, con cargo a las mismas, realizar cientos de miles de llamadas, que colapsaron las líneas de Airtel alquiladas por Amena en el sur de España.

Los perjuicios económicos que esta operación habría tenido para Retevisión Móviles serían de varios tipos. En primer lugar, los 60.000 teléfonos móviles, vendidos a un precio inferior al de mercado, con el objetivo de captar clientes, no habrían llegado nunca a sus potenciales destinatarios.

En segundo lugar, Amena tendría que abonar a Airtel el coste de todas estas llamadas ficticias, pues el precio del alquiler de la línea oscila entre 40 y 130 pesetas por minuto.

Coste de 3.000 millones

Finalmente, la saturación de las líneas adjudicadas a Amena dificultaría su uso por parte de muchos clientes reales, que acabarían dándose de baja de la operadora ante la mala calidad del servicio ofrecido.

Todo ello supondría un perjuicio económico para Retevisión Móviles que podría rondar los 3.000 millones de pesetas.

Como presuntos responsables de la trama fraudulenta figuran cuatro directivos de la sede de Airtel en la Avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla y un experto informático de Huelva, que han sido imputados en la causa y a quienes en los próximos días -comenzarán el lunes- tomará declaración el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital andaluza.

Uno de los puntos pendientes de aclarar es si los responsables de la presunta estafa actuaron por decisión propia o siguiendo instrucciones de la propia compañía y de dónde obtuvieron el dinero -varios cientos de millones- para poder adquirir los 60.000 móviles de Amena.

Un portavoz de la compañía Airtel reconoció ayer que "ha habido una visita de la policía a las oficinas de la empresa en Sevilla y se han practicado una serie de diligencias".

Dicho portavoz, que negó que se hubieran producido detenciones entre los directivos de la empresa, agregó que "se ha facilitado toda la información requerida" por el juez, "pese a desconocer lo que busca, pues ha decretado el secreto del sumario".

Otro aspecto a considerar en esta caso es su tipificación legal. La telefonía móvil y, por supuesto, los delitos que se pudieran derivar de su manejo son algo nuevo. Estos hechos suponen un nuevo campo para todos, desde fiscales a investigadores policiales, y de su posterior desarrollo derivarán una jurisprudencia y unos antecedentes que serán importantísimos de cara al futuro.