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EU denuncia ante el TSJ al consejero de Sanidad por tráfico de influencias y fraude

EU denunció ayer en el juzgado de guardia de Valencia al consejero de Sanidad, José Emilio Cervera, al que acusa de la comisión de tres delitos -tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios- durante su gestión, entre 1995 y 1999, en la Dirección General de Modernización de la Generalitat. Según la coalición, Cervera no declaró los intereses de sus familiares en empresas del sector informático a las que, además, concedió múltiples adjudicaciones. Mientras, la Mesa de las Cortes admitió ayer a trámite las peticiones de los dos grupos de la oposición de crear dos comisiones para investigar estos hechos. La próxima Junta de Portavoces decidirá su inclusión en el pleno.

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Cervera, cuya continuidad en el Ejecutivo autonómico ya estaba en el aire, tiene un motivo más para preocuparse. EU trasladó ayer ante la Justicia todas las críticas y denuncias públicas que esta formación y el PSPV han hecho de la gestión del actual consejero, quien, al parecer, ya había perdido la confianza del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La denuncia de la coalición relata cómo el ahora consejero obvió declarar en los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales tanto la participación de su mujer, Dolores Santos, en una empresa del sector informático, Orangeville, como el trabajo que ésta desempeña desde 1996 en IBM, una multinacional del ramo también beneficiada por varias adjudicaciones y concursos públicos impulsados, entre 1995 y 1999, por el alto cargo de la Generalitat.

La denuncia, suscrita por el secretario general y diputado autonómico de EU, Joan Ribó, relaciona este "olvido" con gran parte de las decisiones tomadas por Cervera en la Dirección General de Modernización de la Generalitat. Esa omisión, según Ribó, es especialmente grave "por las importantes actividades desarrolladas por su mujer en el ámbito de la informática, no sólo siendo la administradora de una sociedad, sino desempeñando funciones directivas dentro de la empresa IBM, que directa o indirectamente ha sido la destinataria de la mayoría de proyectos públicos adjudicados por la administración, y en particular por el Servicio de Modernización" dirigido por Cervera.

EU concreta más su denuncia. Cervera se "estaba aprovechando de su posición y conocimientos" para, mediante su esposa, "obtener ventajas personales" y convertir "la adjudicación de los proyectos de Modernización en un fraude a la Administración". La denuncia también pone de relieve la creación de una sociedad mixta, la Organización Valenciana de la Sociedad de la Información (OVSI), mediante la cual se han evitado los concursos públicos y se ha favorecido "la existencia de un monopolio en el mercado informático".

Comisión de investigación

La denuncia será trasladada del juzgado de guardia hasta la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la competente para procesar a los consejeros y diputados autonómicos. Será un juez de esa instancia el que decida si "la maraña creada por la Generalitat", tal como asegura EU, "sólo ha servido para favorecer intereses personales y para fortalecer la posición dominante dentro del mercado de la telemática a nivel autonómico" de Tissat, empresa en la que trabaja la socia de Santos en Orangeville, e IBM.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes Valencianas tramitó ayer las peticiones de creación de sendas comisiones de investigación presentadas por los grupos Socialista-Progresistas y Esquerra Unida sobre presuntas irregularidades en la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información (OVSI) y sobre la gestión de Cervera en su etapa de subsecretario de Modernización. De esta forma, ambas solicitudes serán incluidas entre los asuntos que abordará la próxima Junta de Portavoces, que deberá decidir su inclusión o no en un próximo pleno.

Los socialistas piden una comisión para investigar "las presuntas irregularidades detectadas en la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información (OVSI) y las posibles implicaciones y responsabilidades políticas que pudieran relacionarse con ellas". Por su parte, EU reclama una comisión de investigación para estudiar "las posibles irregularidades de José Emilio Cervera como subsecretario de Modernización de la Administración valenciana durante el periodo 95-99".

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